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Militarización de la seguridad pública en El Salvador: ¿Retroceso de Acuerdos de Paz?

Créditos de imagen: VOA

Los pobladores de la ciudad de Sensuntepeque en El Salvador, indignados dieron el último adiós a Óscar Alfredo Gallegos, un adulto con discapacidad mental que falleció por una golpiza luego de ser capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en una de las redadas dentro del régimen de excepción decretado por el gobierno “para capturar pandilleros”.

Óscar -han asegurado los pobladores, ni era pandillero ni criminal-, trabajaba a pesar de su discapacidad mental “haciendo pequeñas actividades”, que le encargaban los dueños de puestos del mercado central, que lo conocían de toda la vida, y lo hacían en parte para ayudarle a sobrevivir.

“Lo que sé es que mi tío murió por un golpe mortal en el cráneo y que tenía signos de que le dieron una golpiza”, afirmó un familiar de Óscar durante el funeral a El Diario de Hoy, sin revelar su identidad por temor a represalias.

Óscar sería la quinta persona que muere dentro de las cárceles en El Salvador en el marco del régimen de excepción que decretó el gobierno de Nayib Bukele el 27 de marzo, luego de una aparente ruptura del «pacto» que el ejecutivo salvadoreño supuestamente mantuvo con las pandillas para reducir homicidios durante más de dos años de su mandato, según han revelado investigaciones periodísticas.

El pacto se habría roto cuando las pandillas «por algún desacuerdo» desencadenaron una ola de crímenes durante el último fin de semana de marzo que superó los 85 homicidios, convirtiéndose en los días más mortíferos en décadas en El Salvador.

Contra la narrativa oficialista

El Régimen de Excepción fue ampliado este fin de semana a 30 días más, a partir de este 27 de abril, cuando se vencía la primera declaración. Con ello, siguen facultados los cuerpos militares y la PNC para capturar salvadoreños, sin que tengan derecho a la defensa ni se cumplen los tiempos procesales dentro del estamento jurídico del país.

Bajo ese contexto, expertos internacionales convocados por la Fundación para el Debido Proceso, (PDLF) con sede en Washington, presentaron el estudio sobre «Los Acuerdos de Paz de El Salvador y la construcción de la democracia: A 30 años de su firma”.

En este abordaje, buscaron medir los alcances de los acuerdos, en temas cruciales como el manejo de la seguridad pública y el rol de unas fuerzas armadas “despolitizadas”, y la creación de la PNC bajo la doctrina de respeto a derechos humanos.

El estudio surge en días en que abundan en medios de comunicación salvadoreños y con peticiones de socorro registradas ante organizaciones defensoras de derechos humanos, las denuncias de familias que piden libertad para sus detenidos de los que dan fe y pruebas que no tienen ninguna vinculación con el crimen.

Elementos de la PNC también han reconocido -bajo anonimato- que desde altos mandos de seguridad “se les exige cuotas de capturados” en concordancia con el plan de gobierno de mostrarse implacable.

El abogado y político peruano, Gino Costa, experto en derecho internacional y exasesor de la Misión de Observación de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) que supervisó y garantizó el proceso de paz del país, dice que es claro que el acuerdo toca el tema de la seguridad pública como algo medular.

“Fue necesario construir una nueva policía civil, con un cuerpo profesional y apolítico que garantizara la seguridad de los ciudadanos, que fuera independiente de las fuerzas armadas”, dice Costa.

Considera que la experiencia internacional demuestra que, a pesar de fallas que puedan haberse dado a lo largo del camino, como problemas estructurales, presupuestarios, más los viejos y nuevos desafíos en materia de seguridad como las pandillas y otras formas de crimen, los principios doctrinarios de la policía siguen siendo válidos.

“Creemos que es importante redoblar los esfuerzos para volver a poner las instituciones de la seguridad y la justicia en sintonía con la letra y el espíritu de los acuerdos” porque “frente a los desafíos del presente y del futuro salvadoreño los Acuerdos de Paz deben seguir siendo un referente válido y necesario para construir agenda de concertación política de Estado de derecho y democracia”, opina el experto.

Los Acuerdos de Paz pusieron fin a la guerra civil que durante 12 años dejó más de 80.000 muertos, modificó el actuar de las fuerzas armadas sobre las que existió serias acusaciones de violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado y su doctrina de seguridad nacional.

Con el acuerdo firmado en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, por el gobierno electo en turno y el entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), luego convertido en partido político y que gobernó el país durante 10 años, hasta entregar el poder a Nayib Bukele, se reestructuró todo el aparato de estado para avanzar hacia la democracia.

El actual ejecutivo salvadoreño de Bukele y su formación partidaria Nuevas Ideas, rechazan ese proceso de paz y el mandatario ha llegado ha calificarlo de “farsa”, “negocio y pacto de corruptos”, como parte de su narrativa contra los gobiernos de derecha e izquierda que le precedieron dentro de un sistema de marcado balance entre los tres poderes de Estado, con algunas salvedades.

Protagonismo militar que inquieta

Las organizaciones de sociedad civil en El Salvador siguen con incertidumbre el papel cada vez más protagónico de la fuerza armada en las tareas de seguridad pública y como parte del esquema de protagonismo marcado por la administración Bukele desde el inicio de su gestión.

Desde la organización pro derechos humanos Cristosal que trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras, la investigadora Celia Medrano, que inició carrera en tiempos de la guerra civil, opina que el proceso actual salvadoreño apunta a la “consolidación” de militarización en la seguridad pública del país.

La investigadora Medrano emitió sus razonamientos en un artículo de opinión donde califica de “peligroso” el paso dado por el gobierno después de fracasar el supuesto éxito de su gestión con el “plan control territorial”, que en fondo según investigaciones periodísticas era la llave del acuerdo entre el ejecutivo y las pandillas para evitar los homicidios en las calles, no así las desapariciones que registraron un alza.

“Ante la mostrada inefectividad del llamado plan Control Territorial, el gobierno necesita permanentemente contar con la restricción de garantías y derechos (constitucionales) para tratar de sostener la percepción de que está actuando frente a la criminalidad común y que la población tenga la sensación de ello”, apuntó Celia Medrano.

Cristosal y otras organizaciones –según explica- ven “innumerable cantidad de atropellos cometidos” por los cuerpos de seguridad en los primeros 30 días del régimen de excepción, cuando ha imperado también “el temor de las víctimas y familiares a denunciar, expuestos a represalias y flagelo social en redes virtuales saturadas por la oficialidad”.

Abogados y expertos en seguridad han afirmado que el gobierno salvadoreño ha priorizado esa modalidad que la Constitución salvadoreña y en las normativas internacionales se establece que “debe utilizarse como última opción” y con tiempo restringido y levantado cuando las condiciones que lo llevaron se hayan superado.

“Con esta nueva prórroga se ratifica la violentación a la Constitución de la República y se avecinan nuevas violaciones a los derechos humanos”, vaticina Medrano.

Para Leonor Arteaga de DPLF, es importante reflexionar en el contexto social salvadoreño con estudios a profanidad como el presentado este martes, que trata de abonar a los debates sobre la seguridad, la democracia, los derechos humanos, y la aplicación de justicia.

Meta de gobierno capturar 70.000 “pandilleros”

Al prorrogar el gobierno el régimen de excepción con que suspenden los derechos constitucionales como defensa legal, que obliga a la policía a presentar a un detenido en las 72 horas posteriores a la captura ante un juez; la libertad de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones para los ciudadanos, entre otras.

No obstante desde el gobierno salvadoreño lo ven como imperativo para sus objetivos de seguridad. Los diputados de la bancada oficialista, según consignó el medio digital El Faro, justificaron su voto ante el pleno legislativo con que las autoridades de seguridad “no han terminado la captura de todos los miembros de pandillas”.

El presidente Bukele ha dicho en sus redes sociales que hay 70.000 miembros activos de pandillas en las calles salvadoreñas que tienen que ser detenidos, pero en un mes de redadas el conteo de arrestos acusados de pertenecer a maras -, según el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ronda las 16.000 personas detenidas. El titular de seguridad acotó que “este trabajo no se puede acabar en 30 días”.

La diputada oficialista Rebeca Santos, según citó El Faro, dijo: “Imagínense a cuántos terroristas, a cuántas personas que asesinaban vamos a capturar al término de 60 días”. Este mensaje desde el legislativo apunta a que la medida podría durar más tiempo.

Otro de los diputados alineado en el bloque gubernamental, Guillermo Gallegos, del Partido GANA, comparó los días recientes con el pasado: “Mucha gente nunca había sentido esta tranquilidad en su vida, por primera vez seguros en este país por esta decisión fuerte y valiente que ha tomado el presidente”, dijo.

La deuda social de los Acuerdos de Paz

El abogado experto en derechos humanos, Douglass Cassell, quien fungió como miembro de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de guerra cometidos por los dos bandos en conflicto en la guerra salvadoreña, expuso durante la presentación del informe de PDLF que es claro que el Acuerdo de Paz dejó algunas deudas en la agenda social y económica.

Pero que esto no le quita valor como instrumento clave para trabajar sobre la base de esa negociación, que demostró una manera efectiva de encontrar solución a la guerra, y encontrar desde ahí mecanismos para soluciones a los problemas sociales que se derivaron.

“Los Acuerdos de Paz escasamente tocaron el tema de la reforma económica y social, los avances necesarios para minimizar la desigualdad y la pobreza en el país. (…) El camino no ha sido perfecto ni en el pasado, ni tampoco lo será en el futuro; los objetivos de fortalecer la democracia, el Estado de derecho, protección de los derechos humanos y el bienestar son el camino para cualquier sociedad incluso la salvadoreña”, explicó el abogado Cassel.

El documento presentado por la fundación en Washington reseña que el proceso de los acuerdos dejo aprendizajes sobre su construcción, y moldeó una forma de negociación del texto. Destaca los “múltiples impactos positivos que han sido consulta obligatoria para procesos similares” en otras latitudes.

Aunque otras negociaciones posteriores han respondido a problemas de su tiempo, con nuevas temáticas y actores en su desarrollo, el caso salvadoreño dice el informe muestra una base de “mínimos para la convivencia pacífica; mínimos que no permiten retroceso”.

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