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Periodistas opinan sobre la Ley que los amenaza con cárcel

Créditos de imagen: VOA

Hace 10 días que los medios de comunicación salvadoreños cambiaron su forma de hablar sobre la inseguridad: tras un fin de semana que dejó 87 asesinatos, el gobierno de Nayib Bukele emprendió una guerra contra las pandillas en la que incluyó a los medios de comunicación; el 6 de abril, el Congreso salvadoreño aprobó una reforma de Ley que castiga con hasta 15 años de cárcel a los medios que reproduzcan mensajes alusivos a las violentas pandillas.

El periódico digital El Faro, la Revista Factum y Gato Encerrado han reporteado por años el fenómeno de las pandillas en Centroamérica. Han revelado, además, las negociaciones entre los últimos gobiernos salvadoreños y las agrupaciones consideradas terroristas en el país centroamericano desde 2015.

En conversación con la Voz de América hablaron esta semana sobre las reformas a una ley que los amenaza y la nueva forma en la que harán periodismo para evitar la prisión en una cárcel salvadoreña.

“No vamos a autocensurarnos porque nosotros mismos, en Factum, hemos publicado un editorial en el que decimos que el silencio no es una opción, que no vamos a dejar de investigar, pero sí vamos a tener cuidado de que no vayan a usar de pretexto o excusa cada publicación como para intentar una persecución visceral contra nuestros periodistas y contra el medio”, dijo a la VOA, Jessica Ávalos, editora e investigadora de corrupción en Revista Factum.

Ávalos explicó que la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas que amenaza con cárcel a quienes elaboren textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier otra forma de expresión visual relacionadas a pandillas solo busca “criminalizar la profesión periodística”.

“Nosotros nos preguntamos ‘¿en qué medida puede favorecer a la población que los medios dejen de informar sobre las pandillas?’. Es, al contrario, si se sabe que las pandillas extorsionaron, violaron, mataron es porque los medios de comunicación pusieron esa realidad sobre la mesa y a las autoridades siempre les molestó”, agregó.

Unas horas después de que el Congreso de mayoría oficialista aprobara las reformas a la Ley, los periodistas Gabriela Cáceres y Óscar Martínez del periódico El Faro fueron amenazados por un miembro del partido oficialista “Nuevas Ideas” por haber publicado cómo el cabecilla de la ranfla nacional de la Mara Salvatrucha, Élmer Canales, reclamado por Estados Unidos, fue liberado en junio del año pasado pese a tener procesos judiciales abiertos.

“Presentaré a la Fiscalía un aviso formal sobre este caso de los periodistas @gacaceres (Gabriela Cáceres) y @CronistaOscar (Óscar Martínez) de @_elfaro_ por haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población aun cuando el art.345 C del Código Penal lo prohíbe», publicó el usuario de Twitter Kevin Sánchez.

Cáceres, la autora del reportaje, habló con la Voz de América tras enterarse de la supuesta denuncia. “En ese momento, para mí, estuvo todo claro. Esto me va a limitar para hacer mi trabajo; van a encontrar la manera de silenciarme y de intimidarme”, dijo.

En las últimas dos décadas, El Faro ha explicado cómo las pandillas aprendieron a hacer política a través de la negociación con los gobiernos de turno. También reveló acuerdos no transparentes y no oficiales que dieron beneficios penales a pandilleros recluidos a cambio de que los que seguían libres en las calles no elevaran la cifra de homicidios.

En 2021, El Faro dio a conocer cómo la anterior Fiscalía destituida por el Congreso oficialista investigaba negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios que provocaron el desplome de los homicidios: desde la llegada de Bukele al poder en 2019, la violencia homicida cayó de 14 homicidios diarios a 2.8.

“Yo esperaría que el presidente Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa demuestren que estamos en un país seguro y que no van a perseguir a los periodistas por explicar fenómenos que han sido de interés para los ciudadanos desde el 2002, cuando empiezan los primeros planes contra pandillas”, acotó la periodista de El Faro.

Otros medios de comunicación como la revista Gato Encerrado, que no se ha especializado en explicar el tema de pandillas, pero sí han hecho cobertura sobre seguridad pública, han buscado asesoría legal tras las reformas. El editor y fundador de la revista Ezequiel Barrera habló con la Voz de América sobre los nuevos cambios.

“Lo primero es que no vamos a dejar de hacer periodismo, no vamos a dejar de publicar sobre Derechos Humanos, sobre víctimas, sobre el quehacer de las autoridades en el tema de seguridad pública. Ahora bien, pese a las limitaciones económicas hemos incluido en nuestro equipo a un abogado que nos va a estar ayudando en cuanto a la lectura previa antes de publicar”, dijo.

También han buscado alianzas con otros medios para hacer publicaciones conjuntas y evitar así que solo un medio de comunicación o un periodista corra el riesgo de ser encarcelado por cubrir esta temática.

“Hay temor de que este gobierno cumpla uno de sus objetivos, que es callar las voces críticas, y en medio de esas voces están los periodistas. Lo que han hecho con estas leyes ha sido legalizar la persecución que ya teníamos. Pero, además, criminalizarnos y eso me da temor porque ya no es solo la persecución sino la criminalización”, agregó Barrera.

Gobierno de Bukele legalizó la censura: CPJ

Desde fuera de El Salvador, y a ojo de organizaciones que velan por los derechos de los periodistas, el gobierno de Bukele ha legalizado la censura, dijo a la VOA Carlos Martínez de la Serna, director de programa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

La ley, aseguró Martínez, prohíbe que los periodistas puedan informar libremente sobre “un asunto central (…) y absolutamente relacionado con el estado de excepción que es las pandillas”.

“Cualquier ley que busque controlarlo lo que está imponiendo es la censura”, agregó el experto y periodista. La reforma, explicó Martínez, ocurre en un contexto en que “los periodistas son constantemente víctimas del acoso de políticos (…) que se ha recrudecido en las últimas semanas”.

Para el experto del CPJ, la aprobación de esta norma deja a los periodistas de El Salvador en una situación “muy preocupante”, sin embargo, él cree que los periodistas del país centroamericano “no se van a callar”.

Asimismo, para Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para América, el texto de la reforma que se aprobó en El Salvador “no es innovador” y se ha visto en otros países de la región.

“Lo hemos visto en otras leyes altamente criticadas, como la ley de Ciberdelitos de Nicaragua”, dijo la activista.

La legislación, aprobada por el gobierno de Daniel Ortega a finales del 2020, ha sido descrita por activistas de derechos humanos y periodistas como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa.

Guevara-Rosas asegura que la reforma en El Salvador no debe verse como “un caso aislado”, sino como “parte de un patrón de comportamiento no solo del presidente Bukele sino de todo su control del poder y del gobierno que viene a atacando a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.

La abogada aseguró que existen mecanismos regionales e internacionales, como la ONU o la CIDH, a los que los trabajadores de medios en El Salvador pueden acudir para denunciar las violaciones a la libertad de prensa.

“Es importante que los medios de comunicación independientes continúen su labor, pues serán respaldados siempre por los mecanismos internacionales”, argumentó.

Gobierno salvadoreño argumenta reformas

Tras el último fin de semana de marzo, que dejó 87 asesinatos en 72 horas, el presidente salvadoreño ha promovido varias reformas al Código Penal que buscan hacerle la “guerra a las pandillas”, como publicita su Ministerio de Seguridad.

En medio de eso, el Congreso de mayoría oficialista le aprobó un régimen de excepción por 30 días que suspende cuatro derechos constitucionales: la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de las razones de su arresto, el cambio del plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y la facultad de las autoridades para intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Pero tras esas reformas, el pasado 6 de abril, el Congreso aprobó castigar con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” en el país centroamericano, incluidos los medios de comunicación.

En entrevista con la Voz de América, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa defendió la reforma al Código Penal y a la Ley que amenaza a los medios con cárcel si reproducen mensajes de pandillas y justificó que los medios que no violen la ley no tienen por qué temerla.

“(La Ley) busca combatir actos delictivos que se reproducen no solo por los medios de prensa. (…) Se ha dado una norma general para combatir este mecanismo de promoción y de apología del delito. Si viene (a El Salvador) cualquier medio internacional y hace su trabajo, aquí no va a encontrar ningún problema ni la libertad de prensa está amenazada”, dijo.

Las pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, suman unos 70.000 miembros solo en El Salvador, según las autoridades, quienes afirman que antes de iniciar el régimen de excepción, en marzo, estaban tras las rejas unos 16.000 pandilleros.

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