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El Salvador ratifica incorporación a la CAF en busca de financiamiento

El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, dio a conocer el miércoles que El Salvador se incorporó al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), según informó La Voz de América.

Según explicó el funcionario público en su cuenta de Twitter, la incorporación permitirá al país tener una “nueva fuente de financiamiento” y desarrollar proyectos de “infraestructura, resiliencia climática, desarrollo social, crecimiento económico, etc.”

Para pertenecer y que la entidad financiera opere en el país se necesitaba el aval de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la que el martes dio por aprobado los convenios de suscripción acciones de capital y de garantía del CAF; así como el acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el organismo y El Salvador.

El Salvador deberá pagar al CAF unos 65 millones de dólares antes del 30 de septiembre de 2022 y el mismo monto cada año hasta 2028 hasta abonar unos 460 millones de dólares.

Antes de la ratificación del Congreso, el pasado 18 de enero, el mismo presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció la incorporación de El Salvador a la entidad y en un comunicado de prensa detalló que el pasado 7 de diciembre de 2021, en Cartagena de Indias, Colombia, había firmado un convenio con el ministro salvadoreño.

En otro comunicado emitido a principios de enero, el organismo señalaba que “entre los beneficios que recibirá el país centroamericano será el acceso a fuentes de financiamiento, asistencia técnica y generación de conocimiento que mejorará el bienestar de la población y la competitividad”.

La incorporación de El Salvador al CAF se da a conocer cuando la negociación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por asistencia financiera está estancada desde abril pasado, según lo dio a conocer el portavoz del organismo Gerry Rice a finales de 2021.

A inicios de esta semana el FMI recomendó a El Salvador revertir el uso del bitcóin como moneda de curso legal, señalando «riesgos significativos» asociados a uso para “la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales”.

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