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Ley de Agentes Extranjeros en pausa hasta que haya mayor análisis

La Administración del presidente Nayib Bukele ha afirmado en reiteradas ocasiones que muchas de las ONG’s que actualmente operan en El Salvador son responsables de movilizaciones contra el Gobierno y ha culpado a Estados Unidos de financiarlas.

Por ello, era inminente la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, anunciada por el Gobierno de El Salvador, pero está quedó en pausa en el Congreso hasta nuevo aviso, tal y como lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

De acuerdo con Castro, la Asamblea Legislativa no discutirá nuevamente el proyecto de ley en pleno hasta que se haya alcanzado un “consenso” con la ciudadanía y comunidad internacional.

“¿Por qué no se ha aprobado? Porque lo vamos a hacer cuando tengamos un consenso, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer cuando la comunidad internacional se sienta cómoda, cuando la sociedad civil se sienta cómoda. Nosotros no estamos para ver quién gana acá”, afirmó el parlamentario.

Pese a la pausa, Castro enfatizó en que la pausa para aprobar la legislación es para despejar las dudas, pero puntualizó que «habrá una ley».

Recientemente, más de medio centenar de organizaciones sociales salvadoreñas se pronunciaron en desacuerdo con la ley, citando en un comunicado «que la ambigüedad de la propuesta representa un obstáculo para la continuidad de sus programas».

En defensa de la normativa, Bukele afirmó que es igual a la Foreign Agents Registration Act (FARA) que posee EE. UU., algo que la aún encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, desmintió esta semana, aduciendo que la ley estadounidense data de la Segunda Guerra Mundial «cuando había preocupación de propaganda nazi; y no tenía un impuesto de 40%».

Con la aprobación del anteproyecto de la “Ley de Agentes Extranjeros”, El Salvador busca que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas.

En caso de incumplir la ley, se exponen a infracciones o penas desde los dos hasta los cinco años de prisión. Pese a que la Ley ha recibido el rechazo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, el gobierno de El Salvador justifica su iniciativa diciendo que servirá para impedir la injerencia internacional en asuntos políticos internos.

*Con información de la Voz de América

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