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OEA y CIDH rechazan destitución de la Sala y del fiscal general

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la decisión del bloque oficialista de destituir a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, Raúl Melara, al tiempo que han instado al Gobierno y a las mayorías parlamentarias a respetar el estado de derecho en El Salvador.

En un comunicado, la secretaría general de la OEA, liderada por Luis Almagro, rechazó la destitución de los magistrados y el fiscal, “así como las acciones del poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”. Además, advirtió que las acciones que lleven a la erosión del estado de derecho y “a la cooptación del poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”.

La OEA señaló que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. 

“Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agregó.

La OEA también publicó el informe final de la misión que envió al país en febrero, a petición del Gobierno y la anterior Asamblea Legislativa, e instó a prestar atención a sus conclusiones y recomendaciones, así como darle continuidad al trabajo que inició dicha comitiva.

En el informe, la misión rechaza la toma armada de la Asamblea, ocurrida el 9 de febrero de 2020, y también su preocupación por las declaraciones emitidas en junio del año pasado del presidente Nayib Bukele, cuando llamó genocidas a los ahora destituidos magistrados de la Sala de lo Constitucional.

“La Misión Especial recuerda que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, y que la garantía de la independencia de las y los jueces es uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos”, indica el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre la destitución de los magistrados de la Sala y del fiscal general. 

En Twitter, la CIDH señaló que la destitución no siguió el debido proceso ni existían causas específicas constitucionales para tomar esa decisión, lo que representa un riesgo para el estado de derecho.

La CIDH también instó a El Salvador a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal su destitución y anunció que ha activado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para monitorear y atender la crisis institucional en El Salvador.

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