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Beneficiarios del TPS seguirán exigiendo una residencia permanente en EE. UU.

Washington D.C. (Voz de América)

Decenas de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) culminaron el viernes una huelga de hambre de 43 días en el centro de Washington D.C., con la que han buscado enfatizar su lucha y hacer que la Casa Blanca y el Senado no olviden que hay más de 300,000 trabajadores inmigrantes con al menos 400,000 niños nacidos en Estados Unidos – por tanto ciudadanos estadounidenses – que esperan una acción legislativa.

Los representantes de la Alianza Nacional TPS, que aglutina a decenas de comités de portadores del estatus legal, a los que les fue cancelado el beneficio entre finales de 2017 y principios de 2018, ven ahora que su lucha tiene eco en los círculos políticos de Washington; pero dicen que es momento de incentivar a más tepesianos a nivel nacional a no despegar el pie del acelerador si quieren lograr su objetivo.

En un acto celebrado la tarde del viernes en Freedom Plaza, a escasas tres cuadras de la Casa Blanca y a dos millas del Congreso, dirigentes de la Alianza Nacional, procedentes de al menos 35 estados, miraron en perspectiva su lucha y dicen estar listos para seguir articulando esfuerzos para su causa.

Mardoel Hernández, coordinador de la organización en el Área Metropolitana de Washington, dijo a la Voz de América que se ha llegado a un punto en el que no hay marcha atrás, y que quedarse sentada y esperar acción propia desde los políticos sería un error.

“No podemos quitar el pie del acelerador, entendemos que estamos cerca de conseguir nuestro objetivo, pero también entendemos que si nos quedamos sentados nada va pasar y vamos a volver otra vez a la incertidumbre y donde cualquier persona puede llegar a la administración y terminar con nuestro beneficio, pero solo juntos lo vamos a lograrlo”, explicó Hernández.

Sus palabras se sustentan ante el reto que hiciera el presidente Joe Biden, en su discurso ante ambas cámaras del Legislativo en el marco de los primeros 100 días de su mandato, donde instó a los legisladores a aprobar este año una legislación que dé a unos 300,000 inmigrantes con TPS, y a los más de 600,000 jóvenes amparados al Programa de Acción Diferida (Daca), un camino a la residencia permanente.

El salvadoreño Arenivar Cruz llegó a la capital estadounidense el viernes desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, un estado hostil por la retórica antiinmigrantes que tomó mayor auge durante la era de Donald Trump, quien canceló el beneficio migratorio a los miles de trabajadores procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sundán y Nepal.

Cruz dijo que de forma proactiva los comités de la Alianza Nacional TPS en ese estado sureño se han acercado a los dos senadores republicanos, Richard Burr y Thom Tillis, quienes se han comprometido a apoyar una legislación que beneficie a los trabajadores con TPS.

Sin embargo, hasta ahora el liderazgo demócrata de la Cámara Alta, dirigido por el senador Chuck Schumer, no ha puesto en agenda para discutir ninguna de las propuestas de ley que ofrecen un camino a la residencia permanente con paso a la ciudadanía para los grupos de inmigrantes amparados al TPS y Daca, como les pidió Biden la noche del miércoles.

Cecilia Flores Ayala, demandante en uno de los procesos judiciales que mantienen vigente el TPS, opinó que ante la falta de acción política para resolver su situación, impera aún el miedo en estos inmigrantes. Sostuvo que esperaban más de la Administración Biden, acciones como les prometió durante la campaña.

Flores Ayala confesó que esperaba que en los primeros 100 días de la era Biden el TPS fuera reactivado mientras se seguían las discusiones para propiciar una ley que facilitara la residencia permanente, considerando que no solo son los más de 300,000 inmigrantes directamente afectados, sino que cualquier decisión arrastra a sus núcleos familiares, donde hay al menos unos 400,000 niños hijos de tepesianos y nacidos en Estados Unidos con derechos de ciudadanos.

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