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Sala impugna decreto que permitía a alcaldías usar préstamos para paliar impago del Fodes

La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el decreto legislativo número 807, el cual buscaba autorizar a las alcaldías utilizar hasta el 50 % de los recursos provenientes de dos préstamos para que atendieran los fines contemplados en la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).

En el marco de la emergencia por el coronavirus, el Gobierno contrató millonarios créditos y una parte de ese dinero se asignó a las municipalidades. Ante el impago que hasta hoy en día mantiene el Ministerio de Hacienda con las transferencias del Fodes, y que inició en junio del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó a finales de 2020 el decreto 807.

Con este, permitía que los gobiernos locales utilizaran, para los fines que contempla el Fodes, una parte de los $116.7 millones que recibieron de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $389 millones, así como una parte de los $75 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones.

Pero el presidente Nayib Bukele vetó el decreto. Aunque luego la Asamblea Legislativa lo superó, el mandatario decidió promover una controversia constitucional, alegando un vicio de forma en la aprobación de dicha disposición.

Según consta en la resolución publicada este jueves, Bukele sostuvo que la iniciativa se introdujo como pieza de correspondencia en la sesión plenaria ordinaria número 143, que se llevó a cabo del 22 al 24 de diciembre de 2020. La resolución, citando al mandatario, indica que la iniciativa “se aprobó con dispensa de trámite de manera injustificada, es decir, sin discusión alguna en la comisión correspondiente como es la regla general y sin establecer la urgencia para ello”. 

Para Bukele, “los diputados (…) tuvieron que motivar y comprobar objetivamente por qué no se podía esperar a que la comisión respectiva conociera la iniciativa y la discutiera con los sectores involucrados, lo cual vulneró los principios de contradicción, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa”, contenidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución.

Por su parte, la Asamblea sostuvo que no hubo vicio de forma y señaló que ante el impago del Fodes, “se consideró urgente emitir disposiciones transitorias” que permitieran a las alcaldías utilizar parte de los recursos «para intentar mermar la grave crisis financiera en que se encuentran la mayoría de las municipalidades que les ha dificultado prestar servicios básicos y ejecutar proyectos en favor de la ciudadanía».

El congreso añadió que estos argumentos se consignaron en los considerandos del decreto vetado por Bukele. Dado que «la mayoría de los diputados votó de manera favorable al proyecto, debe entenderse que estos aceptaron las justificaciones que se establecían en el contenido y en los considerandos del documento», indicó la Asamblea.

Luego de admitir la controversia constitucional y analizar los argumentos de ambas partes, la Sala dio la razón a Bukele e impugnó el decreto 807 “por la vulneración a los principios de contradicción, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa derivados de los artículos 85 y 135 de la Constitución”.

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