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TSE inicia otros procesos sancionatorios por propaganda del Gobierno

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió el miércoles otros dos procesos sancionatorios en contra del Gobierno, por presuntamente violar disposiciones del Código Electoral con la difusión de mensajes a favor del partido Nuevas Ideas y la ejecución de obras. El ente colegiado, como medida cautelar, ha ordenado suspender la difusión de estos 

A través de su cuenta de Twitter, el TSE informó que un primer proceso es en contra de la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, conocida como María Chichilco. El 24 de febrero, la funcionaria publicó en su cuenta de Twitter un video acompañado de la etiqueta “#VotaPorLaNdeNayib”, que ha sido ampliamente utilizada por el partido Nuevas Ideas, sus candidatos y correligionarios. En el video, Chichilco llama a votar por ese partido.

A juicio del ente colegiado, estos mensajes podrían constituir una violación al inciso segundo del artículo 172 del Código Electoral, donde se establece que “cerrado el período de inscripción de candidatos y candidatas, el derecho a hacer propaganda corresponderá únicamente a los partidos políticos o coaliciones contendientes, pudiendo hacerse por todos los medios lícitos de difusión sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la materia, la moral y las buenas costumbres”.

El segundo proceso sancionatorio es por las inauguraciones de obras y entrega de computadoras que el Ejecutivo ha desarrollado en las últimas semanas. 

Según el TSE, estas acciones del Gobierno estarían violando el artículo 178 del Código Electoral. Allí se indica que “durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado. Se presume legalmente que el responsable será el funcionario o funcionaria jefe o jefa de la unidad gubernativa a la que pertenezca la obra cuya publicidad se trate”.

En ambos procesos, el Tribunal ha ordenado detener la difusión de la información cuestionada. Además, ha solicitado a los medios de comunicación un reporte para determinar la persona natural o jurídica que ordenó pautar la publicidad de estos proyectos.

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