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Abogados eligen candidatos a la Corte Suprema y Consejo de Judicatura

Un total de 35,000 abogados fueron convocados este domingo para elegir a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y concejales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que serán propuestos a la Asamblea Legislativa.

Los 15 candidatos a la Corte que salgan electos se sumarán a otros 15 que serán propuestos por el CNJ. Es decir, una lista de 30 aspirantes serán enviados a la Asamblea, que deberá elegir a cinco magistrados propietarios y suplentes, entre ellos, al próximo presidente de la CSJ.

Algunos de los aspirantes señalaron la importancia de lograr una Corte independiente. El abogado Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), señaló que el Órgano Judicial debe posicionarse como una “institución líder en el combate a la corrupción”, en particular ahora que entre “la comunidad nacional e internacional hay una preocupación por la consolidación del estado de derecho en El Salvador y el Triángulo Norte (de Centroamérica)”.

En la misma línea, el jurista Francisco Díaz, quien fungió como superintendente de Competencia, señaló que es importante “que hayan magistrados que estén dispuestos a defender el estado de derecho, la legalidad democrática”, cuando en los últimos meses se han conocido “actos de desacato,  de desobediencia a la ley, a la Constitución”.

Pero el proceso no ha estado exento de cuestionamientos. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés) analizó el Reglamento Especial para el Proceso de Elección

de los Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Concejales al Consejo Nacional de la Judicatura, emitido por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) para estas elecciones. La organización encontró retrocesos y deficiencias respecto al utilizado en el ciclo electoral anterior. 

La DPLF dijo que el reglamento no contiene un perfil para evaluar la moralidad y competencia notorias de candidatos. Además, las asociaciones de abogados no deben declarar cómo eligieron a sus candidatos y ya no se les exigen constancias ni solvencias, solo se les pide declaraciones juradas. 

“No se garantiza transparencia ni publicidad en todas las etapas del proceso. La sociedad civil no puede cuestionar la idoneidad de las candidaturas. En general, el proceso es cerrado al escrutinio y se asume que solo le interesa al gremio de los abogados, y no a toda la sociedad”, añadió la fundación.

Además, un grupo de abogados presentó una demanda de amparo en la Sala de lo Constitucional, en contra de la convocatoria emitida por Fedaes, entre otros cuestionamientos. Pero la Sala declaró improcedente el recurso.

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