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Sala admite controversia por reformas a la ley de Bienestar Magisterial

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por el decreto 754, relacionado con reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) para que docentes jubilados puedan seguir recibiendo atención en dicha institución, en lugar de pasar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Actualmente la ley del ISBM solo contempla que el servicio de salud se ofrezca a “los servidores públicos docentes que trabajan para el Estado en el ramo de Educación, su cónyuge o conviviente y sus hijos”. La reforma plantea incluir a “los docentes pensionados  que se encuentran laborando o que se encuentran retirados y que voluntariamente decidan quedarse en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial”. Hasta ahora, los docentes que se jubilan pasan al servicio médico del ISSS.

La medida también modifica el artículo 54 correspondiente a las cotizaciones. La reforma aprobada por los diputados establece que “para el caso del docente pensionado la cotización será de 7.8 % y estará a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las retenciones deberán remitirse al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial”.

El decreto fue vetado por el presidente Nayib Bukele, pero los diputados lograron los suficientes votos para rechazar la decisión del mandatario y ratificar la reforma. No obstante, Bukele promovió la  controversia ante la Sala, que decidió admitir el recurso y examinarlo. 

En la controversia, Bukele expone que los diputados hicieron las reformas sin tomar en cuenta la opinión técnica del ISBM. Según el mandatario, esta resulta necesaria para conformar un decreto reformista de una institución a cargo del Ejecutivo.

Bukele argumenta que las reformas también implicarían una «infracción al principio de equilibrio presupuestario (artículo 226 de la Constitución), debido a que el nivel de concreción de las reformas es tal, que afectaría el presupuesto del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial al no establecerse una fuente de financiamiento u otras medidas o parámetros que permitan la financiación de las reformas legislativas”. 

Los magistrados dieron un plazo de 10 días para que tanto el Legislativo como el Ejecutivo presenten sus posturas con respecto a la controversia.

* Fotografía del ISBM

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