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Sala suspende juicio contra Sigfrido Reyes por enriquecimiento ilícito

Los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieron una demanda de amparo presentada por la defensa del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y como medida cautelar ordenaron detener provisionalmente el juicio civil que enfrenta por enriquecimiento ilícito.

La defensa de Reyes presentó una demanda de amparo en contra de la decisión que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomó en julio de 2019, cuando ordenaron un juicio por enriquecimiento ilícito en contra de los diputados. Los magistrados propietarios de la Sala participaron en esa votación y por eso decidieron apartarse del proceso.

De la misma forma, el magistrado presidente José Pineda Navas indicó que debía abstenerse de conocer el caso porque trabajó por más de 38 años en la Asamblea Legislativa, incluyendo el tiempo en el que Sigfrido Reyes fue presidente de dicho órgano. 

El abogado defensor de Reyes también interpuso una recusación contra los magistrados propietarios, así como contra el magistrado suplente Martín Rogel. Este último también votó en la sesión de Corte Plena de julio de 2019.

La demanda de amparo fue admitida entonces por cuatro de los cinco magistrados suplentes de la Sala: José Lobo, José Reyes, Jorge Quinteros y Sonia Cortez de Madriz, quienes resolvieron aceptar el recurso y como medida cautelar ordenaron a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro abstenerse de continuar el juicio civil contra Sigfrido Reyes.

Uno de los argumentos de la defensa del exdiputado es que la Corte Plena no explicó por qué valoró la situación financiera de su cliente de forma distinta a la aplicada en casos anteriores ni tampoco aclaró por qué cambió de criterio. Con esto, “se habrían vulnerado los derechos de propiedad, a una resolución de fondo, motivada y congruente – como concreción del derecho a la protección no jurisdiccional– y a la igualdad”.

Según el informe de la Sección de Probidad de la CSJ, en el que Corte Plena se basó para determinar que habían suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para procesar a Reyes, mientras fue diputado – entre 2006 y 2009 -, percibió $472,464.04 en ingresos de los que no pudo comprobar su origen lícito. 

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Redacción Teleprensa