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Sala admite controversia por uso de fondos de concejos municipales

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes la controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por el decreto 763, el cual contiene la Disposición transitoria para permitir el normal desempeño de las municipalidades en el último semestre de la administración de los concejos municipales.

La disposición aprobada por los diputados pretende que las alcaldías utilicen fondos en los últimos 180 días de administración. El artículo que se reforma temporalmente por la disposición transitoria prohíbe dicha medida. 

La propuesta, que era de Arena, argumenta que la ejecución de obras, programadas para 2020 y atrasadas por la pandemia de covid-19, se deben finalizar y que, por lo tanto, se necesita utilizar fondos en el último semestre de administración.

Sin embargo, el presidente Nayib Bukeke vetó el decreto no por el contenido sino por la forma, basando su argumento en que los diputados no analizaron la propuesta que aprobaron. “La utilización de la dispensa de trámite exige que el grupo parlamentario que promueve la aprobación del decreto exprese y razone los argumentos de urgencia en que se basa dicha dispensa. Para él (Bukele), tal exigencia no fue cumplida”, indica la admisión de la controversia.

El proyecto fue introducido mediante la pieza de correspondencia 13-A, en la sesión plenaria ordinaria del 29 de octubre de 2020. La diputada Margarita Escobar pidió la lectura de la iniciativa, la dispensa de trámite y la aprobación del fondo de lo solicitado, esto último aprobado por 52 votos.

“Es procedente darle trámite y oír las razones que asisten al Presidente de la República para ejercer el veto y las de la Asamblea Legislativa para ratificar dicho decreto, con la finalidad de determinar si el mencionado decreto ha infringido el artículo 135 de la Constitución debido a que la Asamblea Legislativa no justificó la urgencia en emitirlo”, indicó la Sala.

La Sala, además, acortó el tiempo de exposición de alegatos de las partes, debido a que se debe «garantizar la  celeridad de los actos procesales por las características propias del objeto en discusión”.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un plazo máximo de 48 horas para exponer los argumentos. “Es pertinente acortar el plazo regulado en la disposición citada y conceder un plazo de 48 horas para que las autoridades evacuen sus respectivas audiencias”, señala la resolución.

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