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Dos de cada tres salvadoreños afirma que el Gobierno debe pagar el Fodes

Dos de cada tres salvadoreños considera que el Gobierno debe desembolsar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que desde junio no ha llegado a las alcaldías.

La más reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), indagó la percepción de los salvadoreños sobre el impago del Fodes. El 65.2 % de los entrevistados dijo estar muy o algo de acuerdo con que las alcaldías reciban estos recursos que por ley les corresponde.

La última vez que las comunas recibieron el Fodes completo fue en junio, según datos del Instituto de Desarrollo Municipal (Isdem). El Isdem se encarga de entregar a las alcaldías los fondos que transfiere el Ministerio de Hacienda para este fin.

Hasta noviembre, lo adeudado por Hacienda asciende a $247,743,210.42, dijo el Isdem a Teleprensa. De ese monto, la cartera de Estado ha pagado un anticipo de $45,592,740.21, “que sirve para cubrir los compromisos financieros que las municipalidades respaldan a través de dicho fondo (el Fodes)”, explicó la fuente oficial.

Por lo tanto, el Gobierno aún tiene pendiente de pago $202,150,470.21. La cuota de diciembre, que se vencerá en enero próximo, es de $41,290,533.07.

Según Hacienda, la deuda del Fodes se debe a falta de fondos. Ayer, el titular del ramo, Alejandro Zelaya, dijo que no hay una fecha definida para ponerse al día con las alcaldías, pese a que la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) ya advirtió que un centenar de gobiernos locales está a punto de quebrar por la falta de recursos.

“Nosotros hemos dicho que vamos a pagar Fodes cuando la caja fiscal lo permita, ya que los diputados se encargaron de bloquear todos los financiamientos”, dijo Zelaya. A lo largo de este año, el funcionario ha responsabilizado a la Asamblea Legislativa de la presunta falta de fondos. 

No obstante, en septiembre, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, reveló que el Gobierno tuvo acceso a más de $3,000 millones en deuda pública hasta agosto y de ellos gastó $2,600 millones. Por entregar esta información a una comisión especial de la Asamblea, Martínez fue obligado a renunciar de su cargo.

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