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Congreso de EE.UU. aprueba ley para sancionar a funcionarios corruptos de Centroamérica

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte y Estados Unidos, con la cual se pretende crear un plan de cinco años que ayude a El Salvador, Guatemala y Honduras avanzar en prosperidad, el combate a la corrupción y el fortalecimiento a la democracia. 

La ley se incluyó en el paquete de ayudas para afectados por la covid-19 y financiamiento federal para el próximo año, el cual se aprobó ayer tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Ahora, solo falta la firma del presidente Donald Trump para que entre en vigor.

Esta normativa también obliga al Gobierno estadounidense a crear la “Lista Engel”, llamada así por el congresista Eliot Engel, impulsor de la ley. En ella se deben incluir los nombres de “actores corruptos y antidemocráticos” de Guatemala, El Salvador y Honduras.

“En particular, será imposible lograr un progreso sostenido en El Salvador, Guatemala y Honduras sin el compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el retroceso democrático. Mi proyecto de ley requiere que el presidente electo Biden publique una lista de personas de estos países que están involucrados en una corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas», dijo Engel en un comunicado de prensa publicado después de la aprobación de su iniciativa.

La propuesta plantea suspender la visa – y por ende la entrada al territorio estadounidense –  a las personas incluidas en la “Lista Engel”. El listado tendrá que ser emitido por el futuro presidente Joe Biden en un plazo de 180 días después de promulgada la ley. El documento se actualizará cada año.

Las disposiciones de la ley ya fueron incluidas en el texto de enmienda enviado por la Cámara de Representantes al Senado, el cual contiene el presupuesto general de gastos del gobierno estadounidense para el año fiscal 2021. En dicho texto, se especifica que las personas se deberán incluir en la “Lista Engel” por:

  • Corrupción relacionada con contratos gubernamentales.
  • Soborno y extorsión.
  • La facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero.
  • Actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

El proyecto de ley también contempla la asignación de $505,9 millones en asistencia para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, mediante la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana. Según la Voz de América, se destinarán $70 millones para desarrollo en El Salvador, siendo el país que tendrá el mayor financiamiento en Centroamérica.

La ley de asignaciones también incluye $45 millones para el combate a la corrupción y a la impunidad y $25 millones para prevenir la violencia sexual y de género en el triángulo norte.

Las asignaciones de asistencia para los países centroamericanos se enfocan en el fortalecimiento de la democracia, la prevención de la violencia y acceso a la justicia. Una de las prioridades especificadas para la utilización del presupuesto indica que se debe garantizar que las amenazas y ataques a periodistas, líderes sindicales, defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil se investiguen con el objetivo de que los perpetradores rindan cuentas.

* Fotografía del Congreso de los Estados Unidos

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