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Arriaza Chicas enfrenta audiencia inicial por incumplimiento de deberes

Con reportes y fotografía de Luis Muñoz 

El Juzgado Quinto de Paz instaló este martes la audiencia inicial en contra del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública. 

Arriaza Chicas es procesado por no acatar, el 2 de octubre, con una orden de apremio contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, girada por una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la deuda pública adquirida por el coronavirus.

A raíz del incumplimiento, la comisión acordó certificar la posible comisión de delitos ante la FGR. A los pocos días, Arriaza fue nombrado viceministro de Seguridad Pública y esto obligó al ministerio público a solicitar su desafuero el 10 de noviembre, aunque luego el proceso se anuló porque el funcionario decidió renunciar al cargo que le dio inmunidad.

La fiscal del caso dijo a periodistas este martes que el director de la PNC faltó “al principio de legalidad de la obligación constitucional que tenía de colaborar con la comisión especial”.

El artículo 132 de la Constitución de la República establece que todos los ciudadanos, incluyendo funcionarios y miembros de la Fuerza Armada, están obligados a comparecer y colaborar con las comisiones especiales de investigación de la Asamblea, “bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”. Uno de esos apercibimientos, amparado en el Código Procesal Penal, es solicitar a las fuerzas de seguridad pública que localicen y lleven al ciudadano hasta la autoridad que los requiere, en este caso la comisión especial.

Parte de las pruebas de la FGR son publicaciones de Twitter realizadas por el ministro Zelaya y por Arriaza. Según el ministerio público, en estos tuits se evidencia que ambos funcionarios conocían la situación. También presentaron los documentos sobre lo actuado en el seno de la comisión especial, así como los que presentó Arriaza Chicas, en respuesta a la orden de apremio girada por los diputados.

La Fiscalía pidió al juzgado que el caso pase a la fase de instrucción, pero con medidas sustitutivas a la detención. Pero la defensa de Arriaza Chicas pide el sobreseimiento definitivo de su cliente y desestimó las pruebas de la FGR. “Esas fueron las peticiones concretas que realizamos al finalizar la audiencia: solicitar un sobreseimiento definitivo y eventualmente si el juez lo estima pertinente, que el caso pasara a instrucción, pero sin la imposición de medida cautelar alguna para el señor comisionado”, dijo Rodolfo Delgado, abogado defensor, a su salida de la audiencia inicial.

El Juzgado Quinto de Paz dará a conocer su resolución el miércoles 23 de diciembre a las 2:00 de la tarde. Mientras tanto, el director de la PNC no quiso opinar sobre el caso.

“No voy a anticipar criterios. Soy muy  respetuoso de los procesos judiciales, de la potestad de juzgar del Órgano Judicial,  de los límites de las atribuciones de los Órganos. Yo confio en Dios que vamos a salir bien de esto”, dijo a periodistas.

El Gobierno intentó evitarle este proceso judicial a Arriaza Chicas. El 8 de octubre – seis días después de haber incumplido la orden de apremio – el Consejo de Ministros reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) para sustituir el Viceministerio de Prevención Social, que estaba acéfalo, por el Viceministerio de Seguridad Pública, según consta en el decreto ejecutivo número 40, publicado en el Diario Oficial.

Tres días después de esa modificación, Arriaza Chicas obtuvo su inmunidad. El 12 de octubre, el presidente Bukele lo nombró como viceministro de Seguridad Pública ad honorem, según el acuerdo ejecutivo número 384. El 3 de diciembre, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aceptó que toda esta maniobra tenía por objetivo proteger al director de la policía.

«Por supuesto que nosotros lo estamos blindando, para que el señor director y viceministro de la Policía (sic) pueda seguir trabajando», respondió Castro a Teleprensa. El secretario Castro llegó ese día hasta la Asamblea para reaccionar por la fallida recusación de dos diputados que conformaban la comisión de antejuicio en contra de Arriaza.

No obstante, el proceso de desafuero se frustró cuando, el mismo día de la plenaria de antejuicio, los abogados defensores del director de la policía revelaron que había renunciado a su cargo de viceministro. La revelación causó polémica porque se hizo cuando ya habían pasado tres horas de sesión plenaria.

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Redacción Teleprensa