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Estado salvadoreño deberá rendir cuentas a CIDH por caso El Mozote

El Estado salvadoreño enfrentará una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo próximo, donde se verificará si ha colaborado con la investigación de la masacre de El Mozote, perpetrada por el Ejército en 1981 durante la guerra salvadoreña, como se lo ordenó en la sentencia emitida en octubre de 2012.

Este 11 de diciembre se conmemoran 39 años de la peor masacre latinoamericana registrada en el siglo XX y hasta la fecha los sobrevivientes no han podido lograr justicia por el crimen. En octubre, el Gobierno bloqueó las inspecciones judiciales en archivos militares, ordenadas por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, donde se ventila el caso.

Ante el bloqueo, la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitaron a la Corte que emitiera medidas provisionales, con el objetivo de alertar a dicha instancia sobre la obstaculización a la justicia y posibles actuaciones del Estado para encubrir a los autores mediatos. Aunque la CIDH negó la solicitud – argumentando que la sentencia de 2012 ya emite una resolución a cumplir -, pero convocó a una audiencia pública, citando a todas las partes, para el 4 de marzo de 2021.

El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, destacó que los argumentos presentados sirvieron para lograr esta audiencia de supervisión. “Si bien nuestros argumentos no sirvieron para justificar una medida provisional, sí sirvieron para que se revisara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que el Estado está obligado a acudir y responder de la manera más eficaz, de la manera más contundente, sobre si va realmente a hacer justicia en este caso”, dijo en una conferencia de prensa este viernes.

Wilfredo Medrano, acusador particular del caso El Mozote, aseguró que la Corte le advierte al Estado que debe basar sus afirmaciones sobre la inexistencia de los archivos militares en pruebas. “En esa resolución, la Corte le dice (al Estado) que no se puede basar, no puede concluir solo diciendo que no existen archivos militares, que fueron destruidos cuando él no presenta evidencia”, dijo.

El abogado señaló que la existencia de los archivos militares se evidencia en la declaración de dos oficiales durante el juicio. «Hay planes militares, operativos militares y esos documentos se desprenden de dos declaraciones que dieron dos oficiales de alto rangoque fueron a declarar al juzgado de Gotera y que eran los responsables de los archivos militares del Estado Mayor Conjunto», aseguró Medrano.

El periódico digital El Faro evidenció en una nota de 2019 que dos exsoldados del batallón Atlacatl declararon contra sus superiores en el caso de El Mozote. En dicha nota se refleja que ambos militares declarantes reconfirman la existencia de la masacre y revelan la participación de las personas responsables. A la vez, aceptan la existencia de archivos militares relacionados con El Mozote dentro de las bases del ejercito salvadoreño.

Teleprensa consultó al ministro de Defensa, René Merino Monroy, sobre qué pruebas presentarán en la audiencia de la Corte IDH programada para el próximo año. Ante esto, el funcionario sostuvo que la información que ya ha brindado el presidente Nayib Bukele es la que el Estado sostendrá. “Al respecto hemos debatido bastante, ya el señor presidente de la República se dirigió a la nación para explicarles cuáles son las obligaciones que tiene él y mi persona respecto a esa información”, dijo.

El 24 de septiembre, pocos días después del primer bloqueo a las inspecciones en unidades militares, Bukele desconoció la potestad del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla. “El juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Alguien va a decir ‘no, pero las órdenes judiciales se cumplen’. Sí claro, cuando tiene jurisdicción. (…). No hay ningún juez en este país que pueda pedir los archivos (militares)”, dijo. 

El mandatario también politizó el caso, diciendo que no iba a permitir el ingreso “de los esbirros del FMLN” y de sus “organizaciones de fachada” al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, haciendo referencia al juez Guzmán, a los peritos avalados en el caso, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los querellantes.

En la misma conferencia, Bukele presentó cinco cajas donde aseguró que se encontraban documentos militares sobre la masacre. Aunque dijo que los entregaría de inmediato, pasó casi un mes sin que cumpliera su palabra y el 22 de octubre el juez Guzmán tuvo que emitir una resolución donde le dio cinco días hábiles para presentar la información. Siete días después, la querella reveló que los archivos entregados eran copias de los documentos que ya constaban en los informes y pruebas judiciales incorporadas en el proceso. 

“No se ha desclasificado nada, no se ha liberado información relacionada al caso que sí consta que existe en los archivos del Estado Mayor y en las unidades militares. Mostrar esas cajas por parte del presidente Bukele, así como el acto de remisión, han sido una mera simulación”, afirmó David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal y uno de los querellantes del caso.

Acusadores lamentan retraso de entregas de osamentas a familiares

Medrano también lamentó el tardado proceso de entrega de osamentas de la masacre. “Queremos lamentar que desde 2016 se encuentran 28 osamentas en el Instituto de Medicinal Legal (IML) que hasta la fecha no les han hecho los análisis genéticos, revictimizando así a los familiares de las víctimas que en este aniversario (39º) querían darle cristiana sepultura a sus familiares queridos”, expresó.

El acusador señaló que las muestras de sangre tomadas a familiares de las víctimas fueron extraviadas por el IML, retrasando el proceso de entrega de las osamentas. Además, recalcó que muchas de las personas a las que se le tomó la muestra de sangre ya fallecieron.

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