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Comisión de antejuicio emite dictamen favorable para desaforar a Arriaza Chicas

La Comisión Especial de Antejuicio contra el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, concluyó que hay elementos suficientes para retirarle la inmunidad y emitió dictamen favorable para que la Asamblea Legislativa decida desaforarlo y que enfrente la justicia por el delito de incumplimiento de deberes.

Este día con la totalidad de pruebas documentales presentadas, la comisión de antejuicio continuó su trabajo admitiendo 38 pruebas presentadas por la fiscal del caso, Cristina Cornejo, y 22 pruebas presentadas por la defensa del funcionario.

La única solicitud rechazada fue una testimonial que ofertó la defensa, en la que se pedía que comparecieran como testigos los diputados Rodolfo Parker, del PDC, Yanci Urbina, del FMLN, y Guillermo Gallegos, de Gana, así como también la técnico institucional de la Asamblea, Sara Marisol Valiente.

La petición se rechazó ya que la información que se pedía, mediante los testigos, consistía en explicar los sucesos ocurridos en la comisión que giró la orden de apremio en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y que Arriaza Chicas no cumplió. Los parlamentarios argumentaron que dicha información ya estaba en los expedientes y las pruebas documentales. Además, no consideraron pertinente la propuesta debido a que ayer el pleno legislativo rechazó la recusación de Parker y Urbina.

Posterior a la admisión de pruebas, se procedió a la etapa de exposición de alegatos, en donde las partes tuvieron una hora cada una para exponer sus puntos de vista. 

La primera en argumentar fue la fiscal del caso, quien mencionó que el posible cometimiento de delito es claro y de carácter omisivo. “A nuestro juicio el tipo penal que se le atribuye se sanciona con los comportamientos en los que un integrante de la administración o el encargado de un servicio público, en este caso el director de la PNC, no cumplen con las funciones de los cometidos de su cargo. (…). Dicho delito, por lo tanto es de carácter omisivo”, dijo Cornejo.

La fiscal recalcó que el objetivo de la comisión es determinar si hay suficientes elementos para quitarle o no el fuero a Arriaza Chicas, y señaló que será la cámara judicial correspondiente la que dictará la culpabilidad o inocencia del funcionario.

“Es la cámara pertinente la que determinará si esto es así y obviamente determinará la culpabilidad o inocencia de la PNC. Lo que a esta comisión únicamente le confiere es la posibilidad de sacar un dictamen favorable para desaforar al director de la Policía Nacional Civil en su cargo de viceministro de Seguridad para que estos hechos señalados sean vertidos, discutidos, comprobados en los tribunales correspondientes para su finalidad (…). Hay indicios suficientes para determinar que sí existe formación de causa para el desafuero”, dijo.

Por su parte, la defensa de Arriaza Chicas, compuesta por Hector Nahúm Martínez, David Alfonso Ramírez, Orlando Israel Rívas, María José Castillo y Rodolfo Antonio Delgado, defendieron tres ejes principales para justificar las acciones del titular de la PNC: el primero es que no se puede comprobar con pruebas normativas de carácter penal el incumplimiento de deberes, el segundo es que la ley con la que se realiza la denuncia es un marco normativo derogado, mientras que el tercero es que al momento de realizar el apremio, no se le advirtió formalmente al ministro de Hacienda sobre dicha medida. 

Sobre este último punto, declaraciones de Zelaya ofrecidas a periodistas el 25 de septiembre desmienten el argumento de la defensa, pues el funcionario sí estaba al tanto de la orden de apremio en su contra. “Usen todas las herramientas legales que crean convenientes para hacerme perder el tiempo, pero yo no lo voy a hacer. No me voy a prestar”, respondió el funcionario a la prensa cuando se le consultó sobre la orden de conducirlo hasta la comisión bajo custodia policial.

La abogada Castillo dijo a los diputados que “No se cumplen con los elementos normativos del tipo penal de incumplimiento de deberes, en virtud de que no se ha comprobado las actuaciones propias del director donde se omite o se retarda hacer la orden dada por la Asamblea Legislativa. Dos, que la denuncia de antejuicio y la solicitud de desafuero girada por la Fiscalía General República descansa sobre un marco normativo derogado y tres, que en ningún momento se le hizo del conocimiento del ministro de Hacienda la advertencia del apercibimiento obligatorio que hubiese dado lugar a su conducción por medio del apremio”.

Tiempo después, los parlamentarios de la comisión iniciaron el análisis de las pruebas y la redacción del dictamen. Ante esto, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, criticó el proceso de la comisión alegando que el caso de antejuicio iba a tomar un rumbo político y no jurídico. “Nos vamos a escudar en que esto no es jurídico, sino que es político, y efectivamente hoy están dando un veredicto político porque quiere ver sangre, porque quieren ver al director de la Policía procesado”, argumentó. Después de su intervención, Gallegos se retiró de la comisión señalando que no quería ser parte de un “show político”.

Después de que varios legisladores rechazaran las declaraciones de Gallegos, la comisión votó el dictamen favorable, consiguiendo la mayoría con cinco votos a mano alzada. Los únicos dos diputados que no votaron fueron Antonio Almendariz del PCN y Gallegos, quien ya se había retirado de la reunión.

En el dictamen se incluyó uno de los posibles efectos del antejuicio en dado caso el pleno reafirme el desafuero contra Arriaza Chicas el cual consiste en suspender de su cargo al funcionario mientras dure la investigación. “Desde que la Asamblea declara que hay lugar de formación de causa, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y, por ningún motivo podrá continuar con su cargo; en caso contrario, se le culpará del delito de prolongación de funciones”, dicta el artículo 140 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

El apartado también advierte que si la sentencia es condenatoria, el titular de la Policía quedará depuesto de su cargo. En cambio, si la resolución es absolutoria, se le pagarán los salarios que no percibió durante el tiempo que estuvo suspendido y será reintegrado a su cargo.

La comisión dará a conocer el dictamen a las partes implicadas y al pleno legislativo para que en la próxima sesión que se acuerde, se discuta y resuelva el proceso de desafuero.

* Fotografía de Secretaría de Prensa de la Presidencia

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