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GOES desafía a la FGR y la Asamblea en medio de investigaciones por irregularidades

Arropados por militares y agentes policiales, miembros del gabinete de seguridad, incluyendo al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) y al secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, montaron una conferencia de prensa el 11 de noviembre donde desafiaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Asamblea Legislativa, en medio de procesos iniciados en contra de funcionarios del Ejecutivo.

La conferencia ocurrió en una semana donde la FGR le asestó dos golpes al Gobierno. El lunes, las oficinas centrales del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, como el Ministerio de Hacienda, amanecieron con fiscales dentro, allanando equipo informático y documentos como parte de una investigación por posible corrupción en compras públicas para enfrentar la covid-19. 

El martes, la Fiscalía acudió a la Asamblea para solicitar el desafuero del viceministro de Seguridad Pública ad honorem y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, a quien acusan de incumplimiento de deberes, por no cumplir una orden de apremio girada por una comisión especial del Legislativo, en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Ese mismo día, la PNC interfirió en el allanamiento que se desarrollaba en el Ministerio de Salud, bajo el argumento que la FGR había intimidado al personal de la cartera de Estado, señalamientos que el ministerio público ha negado.

El miércoles, desde el Salón de Honor de Cancillería, el secretario Castro sentenció: «Si creen que estas acciones nos van a amedrentar, o que le van a doblar el brazo a nuestro presidente (Nayib Bukele), eso no va a suceder; a nuestro gobierno, eso no va a suceder».

Castro calificó los procedimientos de la Fiscalía como un «show político» de cara a las elecciones del próximo año, donde el funcionario participará como candidato a diputado de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. «Sigan actuando como quieran actuar, en la Asamblea Legislativa pueden seguir llamando a todos los funcionarios que quieran, pueden seguir interpelando a los funcionarios que quieran, pueden seguir haciendo lo que quieran: ustedes saben de que tienen desde aquí al primero de mayo (cuando tomará posesión la legislatura 2021-2024) para seguir haciendo lo que quieran», retó a los diputados. Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, también aprovechó su intervención para recordar la cercanía de las elecciones y dijo que los legisladores solo tienen «100 días más» en sus curules.

Sin moderar el tono, Castro aseguró que el Gobierno responderá ante lo que consideró «acoso», pero no especificó las medidas que tomarán. «No vamos a estar con los brazos cruzados ni nos vamos a quedar callados. Si ustedes quieren respuestas, también van a tener respuestas, de la misma manera que ustedes lo están haciendo, dentro de los marcos legales», dijo.

La postura del Gobierno sobre la solicitud de antejuicio contra Arriaza Chicas es que se trata de un intento de boicot al Plan Control Territorial. Para reforzar esa narrativa, el gabinete de seguridad utilizó como vocero al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy. «Atacar al comisionado Arriaza Chicas es atacar de manera directa y frontal el Plan Control Territorial que tanta tranquilidad les está llevando a nuestra población», dijo en esa conferencia, en representación también del EMCFA. Desde el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua, la Fuerza Armada ha apoyado las tareas de seguridad pública y esa práctica no fue abandonada por sus dos predecesores. 

Fotografía de Secretaría de Prensa de la Presidencia / Miembros de alto rango de la FAES y la PNC separaban a periodistas de funcionarios en la conferencia de prensa.

Los mensajes implícitos del Ejecutivo

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), consideró que la conferencia del gabinete de seguridad le apuntó a enviar tres mensajes.

«El primero es mandar a decir a la ciudadanía que están ellos ahí, es decir que tienen una presencia en la situaciones legales y políticas del país. Segundo, que tienen el poder que se viene acercando nuevamente a que sea reconocido como ente que puede deliberar en las situaciones que suceden alrededor de problemas eminentemente civiles. Y el tercer elemento es que trata de mandar un mensaje que está respaldado por el brazo armado», dijo a Teleprensa.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, sostuvo que las declaraciones vertidas por los funcionarios son irresponsables y consideró que a la base del poder está el uso de la Fuerza Armada. «El Gobierno se está planteando como una víctima del ataque del resto de políticos, lo cual no es así porque estamos ante procesos de investigación por irregularidades que incluso la misma Cicíes (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) han detectado y remitido a la Fiscalía para que se investigue», afirmó.

Desde el punto de vista comunicativo, Omar Luna, comunicador y especialista en manejo de datos de la iniciativa Lab-Dat, la ausencia en la conferencia de los funcionarios implicados en los allanamientos y el antejuicio también envía un mensaje. «A veces, donde no se dice nada, se dice todo. El hecho de que no esté el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda ni el ministro de Salud, evidencia que hay cierta reticencia hacia la contraloría social, la transparencia y la rendición de cuentas que es algo propio de la institucionalidad», indicó.

Según el análisis discursivo de Luna, el lenguaje utilizado en la conferencia es bélico y hace que se pierda la estabilidad y el compromiso. «Se empezó a utilizar un lenguaje un tanto bélico por parte de las personas que sentaron postura en la conferencia de ayer (miércoles) y nosotros lo podemos ver en ciertas frases como “actúan como hienas, hagan lo que quieran, son unos sinvergüenzas”», dijo.

Para Sandoval, la Fuerza Armada ha tomado poder desde los planes de seguridad de los gobiernos de Arena y el FMLN, cuando los militares empezaron a tener presencia en las calles. Sin embargo, con el nombramiento de funcionarios como el ministro de Defensa y el director de la PNC – quienes según el representante de ALAC cursaron estudios en cuerpos de seguridad de Chile en la época del dictador Augusto Pinochet -, el uso de las instituciones armadas para legitimar acciones de seguridad de parte del Gobierno ha aumentado.

«Ambos, tanto el director de la PNC, como Merino Monroy como ministro de Defensa tuvieron su preparación en Chile en los 80, bajo la dictadura de Pinochet. (…). Fueron conformados y educados precisamente para este tipo de doctrinas, donde los militares se superponen al poder civil», expresó.

Según el currículo  que está publicado en el Portal de Transparencia, Merino Monroy tuvo estudios en la Escuela Naval “Arturo Prat” de Valparaíso, Chile en 1989. Por su parte, Arriaza Chicas se graduó de policía en los Carabineros del mismo país, según una nota publicada en El Diario de Hoy.

* Fotografía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

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