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FAES también niega archivos militares de la guerra a la Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) evidenció la poca colaboración de la Fuerza Armada en la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas en la guerra, durante la audiencia de seguimiento del proceso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, convocada por la Sala de lo Constitucional.

Los magistrados convocaron a una audiencia oral y pública a todas las partes involucradas en el cumplimiento de la sentencia, emitida en 2016, entre ellos a la Asamblea Legislativa, entidades del Órgano Ejecutivo, la FGR, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los demandantes.

«Cuando pedimos información a diferentes instituciones, y concretamente al Ministerio de la Defensa Nacional, sobre operativos militares, ellos manifiestan siempre de que no los tienen y esa es una limitante para que nosotros podamos esclarecer un hecho», dijo durante su intervención Julio Cesar Barahona, representante de la Fiscalía. 

El señalamiento de la FGR ocurre en la misma semana en que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, suma seis intentos fallidos por inspeccionar los archivos de igual número de unidades militares, en busca de información sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981. A pesar de que las diligencias eran una orden judicial y de que la misma Sala ha refutado los argumentos para impedirlas, el Ministerio de la Defensa Nacional no permitió que se desarrollaran las inspecciones en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), la Primera Brigada Aérea, la Segunda Brigada Aérea, la Brigada de Artillería, la Tercera Brigada de Infantería y el Destacamento Militar Número 4. El único lugar donde se desarrollaron las inspecciones fue en el Archivo General de la Nación, que es de acceso público y es administrado por el Ministerio de Cultura.

El 24 de marzo, tres días después del primer bloqueo a las inspecciones, el presidente Nayib Bukele acusó – sin pruebas – al juez, la querella, los peritos y oenegés de víctimas de El Mozote de responder al FMLN y de querer tener acceso a planes militares actuales. Además, presentó en cadena nacional cinco archiveros y aseguró que ahí se encontraban todos los archivos militares sobre El Mozote. Dijo, sin presentar pruebas, que el resto de la información fue destruida por Gobiernos anteriores.

También esta semana se conoció que los documentos que Bukele presentó como los archivos de El Mozote en realidad eran fotocopias de informes que el Gobierno anterior ya había enviado al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.

En la audiencia de seguimiento, la Sala de lo Constitucional cuestionó a la Fuerza Armada sobre su colaboración con el juez Guzmán en las inspecciones de El Mozote. 

“En las inspecciones ordenadas por el Órgano Judicial, en las diferentes instituciones castrenses, ¿han colaborado? Y me podría entonces especificar también en cuáles”, preguntó el magistrado Carlos Sánchez. Victor Amaya, representante de la FAES, evadió responder la pregunta alegando desconocimiento. 

– Sí, se ha colaborado con los requerimientos del Órgano Judicial, su señoría. Sin embargo, se es de conocimiento de un caso en específico, en el cual ha existido un criterio establecido por un lineamiento jurídico, el cual escapa a mi mandato y conocimiento – dijo Amaya.

– Vamos a solicitar que en otras ocasiones vengan completamente informados, porque ustedes representan a la autoridad que está convocada, de tal manera que si hay falta de conocimiento sobre esto, hay falta de diligencia en ese aspecto y, sino, entonces que venga la autoridad que está convocada – respondió Sánchez.

Los representantes del fiscal Raúl Melara informaron que están a la espera de que el juez Guzmán certifique la posible comisión de delitos por no acatar la orden judicial e impedir las inspecciones, para poder abrir una investigación. También indicaron que hasta la fecha se han judicializado 26 casos, mientras que 180 se encuentran en etapa de investigación, aunque señaló que no tienen los fondos suficientes para el financiamiento de la unidad especializada que se creó para atender estas denuncias.

La sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía estableció como obligaciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo cumplir con el acceso a la información pública sobre los hechos y las circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. A la vez, la resolución ordena ejecutar las medidas de reparación integral que se estimen necesarias para garantizar la satisfacción, compensación y reivindicación.

Ponce: hubo presiones para no apoyar la ley de reconciliación

La Sala de lo Constitucional ordenó la audiencia como parte del seguimiento de la resolución de inconstitucionalidad 44-2013.

A la audiencia también asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Una de las obligaciones del parlamento era aprobar una nueva ley de reconciliación nacional. Dicha normativa se aprobó en febrero de 2020, pero fue criticada por oenegés de derechos humanos por carecer de elementos punitivos para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. El decreto de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional terminó siendo vetado por el presidente Bukele.

Los magistrados preguntaron a Ponce por qué hasta la fecha no se ha superado el veto de Bukele. El diputado aseguró que programó la Comisión Política a las 3:00 de la tarde del próximo miércoles, donde “este tema será abordado”.

La Sala también le preguntó al diputado por qué algunos legisladores no acompañaron la aprobación de la ley. Ponce dijo que hubo “presiones” de organizaciones sociales para que “un grupo parlamentario no votara a favor de la ley”. No obstante, omitió explicar los argumentos expuestos por esos diputados. La ley fue aprobada con 44 votos, sin el apoyo del FMLN y Gana.

Los representantes del presidente Nayib Bukele manifestaron que el mandatario vetó la ley por considerar que no cumple con los parámetros para garantizar justicia a las víctimas y esto genera impunidad. 

El titular de la PDDH, Apolonio Tobar, expuso que la ley aprobada en la Asamblea no cumple con los parámetros necesarios para una buena justicia restaurativa, ya que debe regular y especificar más las medidas para apoyar a las víctimas y establecer sanciones. En la misma línea, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) aseguró que la ley es inconstitucional en al menos 20 puntos.

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Redacción Teleprensa