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Bukele ignora ley para darle un viceministerio al director PNC

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, fue nombrado el 12 de octubre como viceministro ad honorem de Seguridad Pública, a pesar de que la ley orgánica de la corporación policial prohíbe que el director general desempeñe otro cargo. Con este puesto, Arriaza obtuvo fuero constitucional en momentos que está bajo la lupa de la Fiscalía por no acatar una orden de apremio emitida por una comisión especial de la Asamblea Legislativa.

El presidente Nayib Bukele reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) para sustituir el Viceministerio de Prevención Social por el de Seguridad Pública dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Antes de esta reforma, solo funcionaba el Viceministerio de Justicia, cuyo titular, Osiris Luna Meza, también es director general de Centros Penales. El de Prevención Social estaba acéfalo.

El 12 de octubre, a través del acuerdo ejecutivo número 384, el presidente Bukele nombró a Arriaza Chicas en el nuevo viceministerio, a pesar de que la Ley Orgánica de la PNC, en su artículo 7 párrafo segundo, indica que el director general se debe entregar de lleno a su cargo sin ninguna otra responsabilidad más. “El cargo de Director General es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión”, reza la normativa.

Las únicas excepciones, dice la ley, son “las actividades de carácter docente y cultural”. Pero Bukele defendió el nombramiento. En una conferencia de prensa ofrecida el 15 de octubre, aseguró que el cargo de director de la PNC es incompatible con ser “presidente del CNR, el RNPN, o ministro de Salud” y que “las funciones del viceministro de Seguridad son compatibles con funciones del director de la Policía”.

Según el decreto ejecutivo número 40, publicado en el Diario Oficial el 8 de octubre, una de las principales tareas que tendrá Arriaza es servir de puente entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y sí mismo. El primer apartado del artículo 35-A del RIOE establece que el viceministro de Seguridad Pública deberá “colaborar con el ministro en la coordinación y enlace con instituciones vinculadas a la seguridad pública, especial con la Policía Nacional Civil”.

La creación del Viceministerio de Seguridad Pública y el consecuente nombramiento de Arriaza Chicas ocurren mientras la Fiscalía General de la República (FGR) da los primeros pasos para indagar si el funcionario cometió delitos por no acatar la orden de apremio contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, girada por la comisión especial de la Asamblea que investiga la adquisición de deuda durante la pandemia.

Después de no acudir a tres convocatorias, la comisión especial decidió llamar por apremio a Zelaya el 2 de octubre. En lugar de cumplir con la orden legislativa, Arriaza Chicas decidió enviar una correspondencia en la que interpretó la Constitución de la República para justificar al funcionario de la administración Bukele.

El artículo 132 de la Constitución señala que la comparecencia a las comisiones especiales de la Asamblea son obligatorias para cualquier persona, incluidos los miembros del ejército, funcionarios y empleados públicos. De lo contrario, se aplican “los apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”, entre ellos está el ser llevado con apremio, es decir, bajo custodia policial.

El presidente Nayib Bukele defendió el nombramiento del comisionado Mauricio Arriaza Chicas como viceministro ad honorem de Seguridad Pública. / Fotos cortesía Capres

Ese mismo artículo indica que las decisiones de las comisiones especiales no son vinculantes para los tribunales, pero los diputados pueden comunicar los resultados de sus investigaciones a la Fiscalía, “para el ejercicio de acciones pertinentes”. Es por eso que el 2 de octubre, los legisladores decidieron certificar ante la FGR la posible comisión de delitos por parte de Arriaza Chicas. 

El director de la PNC, además, es militar de carrera. En una sentencia de 2013, la Sala de lo Constitucional sentó precedentes al ordenar la destitución de David Munguía Payés del cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública y a Francisco Salinas de la dirección general de la PNC por el pasado militar de ambos, señalando que los militares no pueden dirigir una institución de Seguridad Pública. 

La abogada Ruth Eleonora López presentó una demanda de inconstitucionalidad por esta razón y valora presentar una nueva demanda. Según dijo a Teleprensa, con este nombramiento se vuelve a violar la sentencia constitucional, pues “la Sala establece claramente en la sentencia que ninguna persona que haya tenido pasado militar puede ocupar una posición en la dirección de las autoridades civiles, como la PNC y el Ministerio de Seguridad”.

A pesar de que, según el artículo 236 de la Constitución, los viceministros “responderán a la Asamblea Legislativa por delitos oficiales y comunes que comentan”, esto no le da inmunidad a Arriaza por los posibles delitos que cometió al negarse a cumplir con la orden de apremio contra el ministro de Hacienda.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, señaló que el fuero funciona para proteger el cargo y no a la persona como tal. Agregó que el máximo tribunal nacional ya sentó posición al respecto con la sentencia 21-2014, en la que los entonces magistrados desestimaron la petición de habeas corpus para el exdiputado suplente Wilber Rivera, cuyos abogados sostenían que el caso debía pasar por antejuicio en la Asamblea Legislativa. 

“No me extrañaría que (el nombramiento) haya sido para protegerlo de la investigación que ya está en curso. De lo que estoy seguro es que el nuevo cargo que ocuparía (Arriaza Chicas) no lo protegería de los hechos anteriores”, dijo a este medio González.

Bukele evadió responder sobre estos señalamientos y arremetió contra el diputado arenero René Portillo Cuadra. El legislador dijo que el nombramiento de Arriaza es “ponerle fuero, es ponerle blindaje, es ponerle impunidad”. “Yo no sé si el fuero es impunidad. Pero hagamos una cosa, si los diputados quitan el fuero a los diputados, yo lo firmo; y de un solo a los ministros y viceministros. Quitémonos el fuero a todos, pues”, dijo el mandatario. 

El exmagistrado González además advirtió que el nombramiento del director de la institución policial como viceministro de Seguridad Pública “puede desnaturalizar la esencia de la PNC. La PNC debe ser un órgano técnico, no sujeto a un criterio político; mientras que un viceministro participa del consejo de ministro donde se toman decisiones políticas y se reciben lineamientos políticos”.

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