Teleprensa
Nacionales

Sala de lo Constitucional desbarata argumento del Ejecutivo para impedir inspección en archivos de El Mozote

El Gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, intentó impedir que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, y los expertos peritos cumplieran con la inspección de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y lugares aledaños; sin embargo, la Sala de lo Constitucional resolvió que el reclamo del Ejecutivo se reduce a una “simple inconformidad”.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, presentó una demanda de amparo contra el juez Guzmán, en la que argumentó que existía una vulneración de los derechos constitucionales de la institución que representa. Pero la Sala sentenció que no existe tal vulneración, “sino una mera disconformidad con la orden de inspección con intervención de ciertos archivos militares de la Fuerza Armada”. 

En la demanda, el ministro Monroy retomó los argumentos que militares del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, de la Primera Brigada de la Fuerza Aérea y que el mismo presidente Bukele han usado para justificar el bloqueo de las inspecciones a ambas sedes, el 21 de septiembre y el 12 de octubre, respectivamente. Ellos se amparan en una interpretación del artículo 168 numeral 7 de la Constitución, en la que, a su juicio, la Fuerza Armada no está obligada a entregar informes que contengan planes militares secretos a ninguna institución, pues hacerlo pondría en riesgo la seguridad nacional.

El 24 de septiembre, el presidente Bukele incluso llegó a afirmar que la verdadera intención del juez, de los peritos y de la querella del juicio era acceder a los planes militares actuales para favorecer al FMLN. Ese mismo día, Bukele desconoció la facultad del juez Guzmán de ordenar y dirigir la diligencia de inspeccionar los archivos militares. Y presentó cinco portafolios en los que afirmó haber desclasificado todos los archivos militares que tenían relación con la masacre y, sin presentar pruebas, dijo que la mayoría de estos habían sido destruidos en los últimos 40 años.

La Sala le corrigió la página al Ejecutivo y aclaró que la interpretación que tanto el presidente Bukele como los militares hacen es errónea, ya que el documento judicial que ordena la diligencia es claro en señalar que la inspección se enfoca en los documentos de 1981 que tengan relación con el operativo militar de la masacre. Además, señaló que al obstruir la diligencia es el Ejecutivo quien viola los derechos de las víctimas.

Oenegés de derechos humanos se manifestaron este 12 de octubre frente a la Primera Brigada Aérea, donde el juez Jorge Guzmán intentó por segunda ocasión inspeccionar los archivos militares sobre El Mozote. /Fotos Pro-Búsqueda

“No se advierte de qué manera la exhibición de esos registros –de los cuales se ha ordenado su inspección en el contexto de un proceso penal para investigar la responsabilidad penal de los efectivos militares en esa masacre (de El Mozote)– ponga en riesgo la seguridad nacional o del Estado”, apunta la resolución. Y agrega que “dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época”.

Los magistrados también le recordaron al Ejecutivo que “el Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas legales que permitan llegar a la verdad de los hechos, sean judiciales o extrajudiciales”.

El ministro Monroy también aseguró que no se tomó en cuenta la opinión del Ministerio de la Defensa al momento de emitir la orden judicial, pero la Sala le aclaró que no se está juzgando la institución, sino a los militares involucrados en la masacre.

“La Fuerza Armada no es parte en el proceso penal y es importante señalar que el referido proceso sería encaminado en contra de las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre”, dice la Sala.

Consultado por Teleprensa, el abogado constitucionalista Jonathan Sisco recordó que las resoluciones de la Sala son jurisprudencia en sí mismas, por lo que ninguna otra institución pública podrá invocar el argumento de la seguridad nacional para impedir el acceso a archivos militares sobre la guerra.

“(El Ministerio de la Defensa Nacional) ya no podrá interponer demandas de amparo alegando esta misma situación. Hay otra perspectiva que es objetiva: como la Sala de lo Constitucional ha realizado una interpretación de la Constitución, que se convierte en criterio vinculante, ninguna otra institución pública debe utilizar este argumento”, afirmó.

Sisco también indicó que si el juez Guzmán constata que no se ha cumplido la sentencia, “deberá certificar y dar aviso a la Fiscalía General de la República” para que intervenga en el caso.

Related posts

ISSS realiza Congreso de Enfermería: Inspirando al cuidado»

Nora Moreno

Comisión Política emite dictamen para interpelar a ministro de Defensa René Francis Merino

Nora Moreno

TSE prepara acta para proclamar a funcionarios electos el 28 de febrero

Mario Rogel