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Bukele politiza caso El Mozote y arrecia ataques contra la prensa

Por Jaime Quintanilla y Maryelos Cea

El presidente Nayib Bukele desconoció la facultad del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, de ordenar y dirigir la diligencia de inspeccionar los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) que tengan relación con la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en 1981. El mandatario aseguró que el juez y los expertos que acompañaban la diligencia responden al FMLN.

En sus declaraciones, Bukele dejó claro que, a su juicio, la Fuerza Armada está por encima de las órdenes judiciales del juez Guzmán. “El juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Alguien va a decir ‘no, pero las órdenes judiciales se cumplen’. Sí claro, cuando tiene jurisdicción”, dijo Bukele el 24 de septiembre, en una conferencia de prensa. “No hay ningún juez en este país que pueda pedir los archivos (militares)”, aseguró.

Además, el mandatario evidenció que la interpretación de la Constitución que aplicó el coronel Carlos Vanegas para impedir las inspecciones representa la postura del Gobierno sobre la legalidad de la diligencia. Ambos invocaron el artículo 168 numeral 7, donde se establece que el presidente de la República debe entregar los informes que la Asamblea Legislativa le exija, excepto cuando se trate de planes militares secretos. Pero, según la interpretación de Bukele y del coronel Vanegas, esta excepción aplica también a los otros órganos del Estado. 

El juez Guzmán emitió una resolución el 22 de septiembre en la que da cinco días hábiles al Gobierno para explicar quién ordenó el bloqueo y si los argumentos de Vanegas representan la postura oficial. Con esta información, el juez dijo que evaluará si “la actuación del supuesto coronel Vanegas fue un acto de obstaculización judicial, con lo cual se certificará a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos”.

El otro argumento de Bukele para impedir la diligencia, que se programó desde agosto con la presencia de representantes del Ejecutivo, es que se trata de una estrategia del FMLN para tener acceso a información del Gobierno actual . “Ellos saben que los archivos de El Mozote no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, lo saben porque ellos gobernaron 10 años. Una década. Lo saben porque Apolonio (Tobar, procurador de Derechos Humanos) es miembro del FMLN, financista del FMLN, partido que gobernó 10 años. Ellos saben lo que hay y lo que no hay allá adentro”. 

En varias ocasiones durante la conferencia insistió en que no iba a permitir el ingreso «de los esbirros del FMLN» y de sus “organizaciones de fachada” al EMCFA, haciendo referencia al juez Guzmán, a los peritos avalados en el caso, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los querellantes del caso, que pertenecen a organizaciones defensoras de las víctimas de la masacre.

Las contradicciones presidenciales

En la conferencia aseguró que buena parte de la información relacionada con los hechos de El Mozote se destruyó, pero dijo desconocer en qué momento ocurrió y sin presentar pruebas para respaldar que eso pasó. También dijo haber ordenado la búsqueda de los archivos de El Mozote “y lo que hemos encontrado es esto que está aquí”, afirmó señalando cinco archiveros con fechas de 2015 a 2020 y que, según él, están relacionados con la masacre en la que el batallón Atlacatl asesinó a cerca de 1,000 personas, siendo más de la mitad menores de edad. Bukele dijo que entregaría la información al juez y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero la versión del presidente sobre dónde encontraron los archivos es contradictoria. Después de asegurar que no estaban en el EMCFA, dijo que una parte se encontró precisamente en esa unidad militar. “La mayoría de los archivos – como todos ustedes esperarán y como cualquier salvadoreño se lo imaginará – fueron destruidos en estos 40 años. ¿Cuándo? No lo sabemos (…). No están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo pedí una búsqueda de nuestro Gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos de El Mozote es esto que está aquí. Este es el 100 % de los documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado o pudieron haber tenido algo que ver en la masacre”, dijo Bukele.

Minutos más tarde, repitió que los archivos no están en el EMCFA: “Ellos (el juez Guzmán y quienes lo acompañaban en la diligencia) saben que los archivos de El Mozote no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, lo saben porque ellos gobernaron 10 años. Una década”.

La aparición de los cinco archiveros contradice también la respuesta que Casa Presidencial envió al juez Guzmán en noviembre de 2019 y que propició la decisión de ordenar inspecciones en los archivos. En aquel momento, Casa Presidencial dijo no haber encontrado información sobre la masacre en 42 unidades militares. Entre ellas estaba el EMCFA. 

David Morales, uno de los querellantes del caso, le confirmó al programa FOCOS que el Gobierno de Bukele respondió de la misma manera que sus antecesores: “La información no se localiza, no existe. Es inverosímil. La petición era tan abierta, que tienen la obligación de enviar al juez cualquier documento relacionado a cualquier plan militar, de campaña o de operaciones especiales de las que llevaba adelante el ejército durante la guerra”, dijo el abogado en diciembre del año pasado.

En su cuenta de Twitter, en reacción a la conferencia de Bukele, Morales reiteró que el Gobierno no entregó información “y eso motivó las inspecciones judiciales que ahora el presidente Nayib Bukele impidió”. También rechazó que el objetivo de las diligencias fuera obtener información no relacionada al caso. “Tengamos en cuenta la resolución judicial sobre las inspecciones del 15 de junio de 2020: en ella se delimitó claramente el objeto de las inspecciones a los archivos del conflicto armado. Es falso que hubiese posibilidad de inspeccionar archivos militares recientes”, dijo Morales.

Bukele no dio mayor información del contenido de los cinco archiveros que presentó ayer por la noche. Las fechas con las que están identificados no coinciden con las fechas en las que efectuó el operativo militar denominado «Operación Rescate», que consumó la peor masacre latinoamericana del siglo XX. La presentación se limitó a afirmar que en esas cajas están los archivos que el juez y los expertos buscan como pruebas del operativo militar.

El mismo día que afirmó que haber desclasificado todos los archivos militares relacionados con el genocidio, y que con ello le cumplía a las víctimas, el presidente nombró a la diputada disidente de Arena Milena Mayorga como embajadora de El Salvador en Estados Unidos. 

Mayorga ha sido una apologista del coronel Domingo Monterrosa, uno de los altos mandos del batallón Atlacatl acusado de haber ordenado la masacre de El Mozote. “Existen personas que nunca mueren, pues se convierten en mitos y leyendas”, escribió la nueva embajadora para honrar el natalicio del coronel Monterrosa en 2018. Un año previo, en el Día del Soldado, lo llamó “un héroe que dio su vida por la patria”.

Entre ataques a periodistas y descalificaciones a congresistas de EUA, Bukele anuncia que teje un caso de lavado de dinero contra El Faro

Bukele utilizó la cadena nacional para, una vez más, arremeter contra periodistas y medios que han revelado posibles casos de corrupción de su Gobierno. Esta vez anunció que de la mano con el Ministerio de Hacienda está construyendo un caso por supuesto lavado de dinero con Trípode S. A. de C. V., sociedad propietaria del periódico digital El Faro.

“Ellos tienen una investigación por lavado de dinero, seria”, dijo el mandatario. Hacienda está revisando los ejercicios fiscales de 2014, 2016, 2017 y 2018 de El Faro, una autoría que el medio ha descrito como anormal por la cantidad de años que están en estudio y porque han solicitado información que no tiene datos contables, como lo afirmó el fundador de El Faro y representante legal de la sociedad Trípode, Carlos Dada, en  la comisión legislativa que investiga ataques contra la prensa que Hacienda está pidiendo información que no tiene datos contables.

Debido a esta petición de Hacienda, El Faro presentó ante la Sala de lo Constitucional una demanda de amparo por la solicitud de actas de junta directiva y otros documentos sin información contable del Ministerio de Hacienda.

“¿Cómo sabemos nosotros si ahí, dentro de sus oficinas, no hay otros papeles que los incriminen en algún delito? ¿Cómo vamos a saber nosotros si, en los documentos que no quieren entregar, no hay documentos que los incriminen en algún delito?”, ironizó el mandatario. 

Además de arremeter contra El Faro, el presidente atacó a los periódicos impresos del país por su cobertura sobre el bloqueo a los archivos de El Mozote. «Que extraño que El Mundo, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y el CoLatino sigan una línea. Pues claro, se han unido, hasta sus militancias se han unido”, dijo.

En la conferencia de prensa, Bukele permitió seis preguntas. Las primeras tres fueron coordinadas por el equipo de comunicaciones de Presidencia y las otras tres fueron por presión de periodistas a los que excluyeron de la lista de preguntas.

El presidente Nayib Bukele arremetió contra la cobertura que los principales periódicos del país dieron al bloqueo de los archivos de El Mozote. /Fotos Casa Presidencial

Entre el primer y segundo conjunto hubo un trato diferente. A los primeros, Bukele agradeció sus preguntas y las calificó de pertinentes, pero cambió el tono cuando el personal de Casa Presidencial cedió el micrófono al periodista de El Faro, Gabriel Labrador. A diferencia de las anteriores intervenciones, el presidente interrumpió en varias ocasiones la formulación de la pregunta, hasta que finalmente le apagaron el micrófono al periodista.

“Luego me pidieron que me apartara del micrófono y como no lo hacía, llamaron a dos militares. Yo me había quedado para escuchar la respuesta y tener la oportunidad de repreguntar y hacer contacto visual con el presidente”, confirmó Labrador a Teleprensa.

“¿Dónde está el ataque a la prensa?”, dijo Bukele en su respuesta  a El Faro. “Ustedes piensan que pueden mentir reiteradamente, y sí lo pueden hacer porque yo en lo personal no los voy a desmentir; mientan aunque es calumnia, pues, pero mientan. No quiero que digan ‘estamos violando la libertad de prensa’. Sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos o les decimos mentirosos y ¿no tenemos libertad de expresión nosotros?, ¿no tenemos libertad de decirles mentirosos?”, espetó.

La periodista de Teleprensa que dio cobertura a la cadena también alzó la voz para solicitar un espacio para preguntar.  “No, no. Perdón. Ya le di bastante a los periodistas incómodos. Yo creo que ya incomodaron bastante”, dijo Bukele cuando el personal de Capres estaba por anunciar la intervención de la periodista.

A principios de septiembre, El Faro publicó una investigación, basada en documentos oficiales a los que el medio tuvo acceso, que reveló una negociación entre el Gobierno y la MS-13. Bukele no pudo explicar por qué, a su juicio son falsos esos documentos. “Son evidentemente falsas, ¿y por qué digo que son falsas? Bueno, por varias razones. Primero, porque son falsas”, dijo el mandatario.

En el último mes, grupos de congresistas demócratas y republicanos han enviado cartas al presidente Bukele en las que le señalan sus preocupaciones por el estado de derecho y los reportes sobre negociaciones con pandillas. Los demócratas, además, le señalaron al mandatario que hay “una creciente hostilidad” con los medios y sus actuaciones amenazan la libertad de prensa. Bukele desestimó estas misivas oficiales y dijo que los congresistas no leen lo que firman.

* Foto de portada cortesía de Casa Presidencial

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