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Juez de El Mozote da cinco días al Gobierno para explicar bloqueo a inspección en archivos militares

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, emitió una resolución en la que reprogramó el inicio de la inspección de los archivos militares para el 5 de octubre y dio cinco días hábiles para que el presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, expliquen por qué se bloqueó la diligencia del 21 de septiembre. 

La inspección al archivo general del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) se realizará del 5 al 9 de octubre. Del 12 de octubre al 27 de noviembre continuarán en la Fuerza Aérea, la Brigada de Artillería “Coronel Óscar Osorio”, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (Coprefa), el Archivo General de la Nación, la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel y el Destacamento Militar número 4, en San Francisco Gotera.

El juez del caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños comunicó esta resolución luego de que soldados en el EMCFA evitaron que ingresara junto con los peritos del caso, las partes técnicas, representantes de las víctimas, investigadores de la PNC y de la PDDH para inspeccionar el archivo general de la institución castrense.

En su resolución, Guzmán relata que frente a los portones del Estado Mayor, militares explicaron que no tenían conocimiento de que se iba a realizar la inspección, a pesar de que todas las partes lo sabían desde junio de este año. El juez Guzmán exigió explicaciones que llegaron de la boca del coronel Carlos Vanegas, quien le dijo que no permitiría la diligencia porque revelar esos secretos militares pone en riesgo la seguridad nacional. Cuando el juez le preguntó quién ordenó el bloqueo, Vanegas se negó a responder. 

Ante el bloqueo, el juez dio cinco días al presidente Bukele y al ministro Merino Monroy para que aclaren la situación. Guzmán exige saber si fue una orden de ambos funcionarios o de uno de ellos y si esa orden representa una posición institucional; ya que por ser el presidente de la República, Bukele es también el comandante general de la Fuerza Armada, el rango más alto. 

Según el relato de Guzmán, Vanegas se amparó en una interpretación del artículo 168 numeral séptimo de la Constitución, donde se establece que el presidente debe rendir todos los informes que la Asamblea Legislativa pida, “excepto cuando se trate de planes militares secretos”. 

El juez afirma que la opinión de Vanegas “no puede ser tomada como una posición oficial de los titulares de la institución armada, puesto que el supuesto coronel Vanegas no externó en qué calidad lo hacía”. Pero, añade, la información que Bukele y Merino brinden “será útil para determinar si la actuación del supuesto coronel Vanegas fue un acto de obstaculización judicial, con lo cual se certificará a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos”.

Querella pide investigación

David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal, y uno de los querellantes en el caso, dijo que la resolución del juez no inhibe a las organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el bloqueo del 21 de septiembre.

“Hemos expresado, lo reiteramos ahora, que los hechos fueron constitutivos de delitos. Si bien un coronel, que ocupa un rango medio en la cadena de mando, fue quien impidió el acceso para realizar las inspecciones, el incidente ocurrió en las propias oficinas donde está el despacho del ministro de la Defensa, así que es evidente que desde el más alto nivel se dio la orden”, afirmó el abogado.

Ovidio González, abogado de la Asociación de Derechos Humanos «Tutela Legal Dra. María Julia Hernández», otro de los querellantes en el caso, indicó que si el juez decide certificar que el Gobierno cometió delitos al impedir las diligencias, esto podría servir como un primer paso para volver a interpelar al ministro Merino Monroy.

“Incluso denunciar internacionalmente al Estado salvadoreño por impedir la realización de una diligencia judicial. En este país el único que tiene el poder es el pueblo, tal como lo dice Nayib (Bukele); pero el pueblo no le ha dado ese poder a la Fuerza Armada de limitar al sistema de justicia y limitar la investigación”, dijo a Teleprensa antes de que se hiciera pública la resolución.

González agregó que el bloqueo a las diligencias se debe notificar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque viola las medidas de reparación para las víctimas de la masacre de El Mozote que dictaminó esta instancia en octubre de 2012.

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