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TEG investigará exministra de Salud por compra de mascarillas a empresa de la familia de diputado

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) iniciará una investigación contra la exministra de Salud, Carmen Orellana Bendek, por la compra de 800,000 mascarillas, valoradas en $344,00, a Grupo GME Inversores S. A. de C. V., empresa propiedad de la familia del diputado Gustavo Escalante. 

El periódico digital El Faro reveló que la exministra Orellana firmó la orden de compra 84/2020 en la que avaló la compra de las mascarillas a la empresa de la que el diputado Escalante es fundador y es administrada por su familia. Escalante afirmó que se había desvinculado de la empresa y había vendido sus acciones a su padre, a pesar de que, según la nota periodística, aún mantenía el cargo de administrador único suplente en la junta directiva.

Además, según el acta de constitución inscrita en el Centro de Registro de Comercio (CNR), Grupo GME Inversores tiene como finalidad la compra y venta de material informático. 

El TEG investigará si Orellana Bendek violó lo establecido en el artículo 5, literales a y b,  de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que los recursos públicos se deben utilizar “únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados” y que los funcionarios deben denunciar las transgresiones a la LEG de las que tengan conocimiento.

El TEG ha dado 10 días hábiles al actual ministro de Salud, Francisco Alabí, para que informe si entre enero y junio la institución ha hecho negocios con Grupo GME Inversores y, de ser así, que especifique la cantidad de contratos, fechas, montos y el detalle de selección.

El ministro de Salud también deberá aclarar si el 20 de marzo, día que se firmó la orden de compra 84/2020, se sabía si el diputado Escalante estaba vinculado a la empresa manejada por su familia.

El TEG también le solicitó al director de CNR, José Mauricio Emilio Sermeño, “el número y fecha de la inscripción de la sociedad Grupo GME Inversores, la fecha y hora de la inscripción, la finalidad y giro de la misma, su forma de organización, plazo y domicilio; nombres de los accionistas, representante legal o quienes conforman la junta directiva”.  

La publicación periodística también reveló que la exministra aprobó la orden de compra a pesar de que las mascarillas costaron unitariamente $0.43, cuando la Defensoría del Consumidor estableció la venta del producto relacionado a $0.26.

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) hizo la denuncia el 26 de junio, luego de la publicación periodística. 

La Constitución de la República, prohíbe a los diputados ser contratistas de servicios “u obras pagadas con fondos del Estado”. Es por ello que la empresa del diputado no tendría que haber vendido mascarillas al Gobierno.

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