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Bukele le incumple a las víctimas de El Mozote: los archivos militares seguirán cerrados

Cuatro días después de haber asumido la presidencia de la República, el 4 de junio de 2019, Nayib Bukele le aseguró a las víctimas de la masacre de El Mozote que su Gobierno “jamás los afectará negativamente” y las invitó a Casa Presidencial donde les prometió “hacer las reparaciones necesarias”. Pero un año y cuatro meses después de esa promesa, su Ministerio de la Defensa Nacional no acató la orden judicial que lo obliga a abrir los archivos militares sobre la masacre.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, llegó el 21 de septiembre a la sede del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para iniciar las inspecciones en los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en 1981. A pesar de que la diligencia se programó desde el 24 de agosto de este año, con la presencia de representantes del Gobierno; los militares presentes negaron la entrada al juez, los peritos y la querella.

Los soldados que estaban apostados en la entrada de la sede militar argumentaron que no tenían autorización para permitir la diligencia judicial porque revelar esos documentos ponía en riesgo la seguridad nacional. En un video captado por la Revista Factum, el coronel Carlos Vanegas, quien recibió al juez Guzmán, se negó incluso a decir quién dio la orden de impedir la inspección.

“No se entiende cuál es la negativa. Son planes que se ejecutaron hace 40 años. Deme un tan solo ejemplo en el cual se puede ver perjudicada la seguridad nacional si se da a conocer esos planes”, le dijo el juez Guzmán al coronel Vanegas, quien respondió que eso se tenía que analizar más a profundidad y preguntó si se había tomado en cuenta la opinión militar cuando se decidió hacer la inspección.

“No era legal pedir opinión. (El Ministerio de la Defensa) simplemente es una institución donde se va a intervenir para la búsqueda de esos planes”, respondió Guzmán. Aun así, Vanegas se mantuvo firme en el incumplimiento de la orden judicial. 

Ante el bloqueo, el juez Guzmán se retiró del Estado Mayor y se dirigió al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y, con la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), levantó un acta para hacer constar que el Ministerio de la Defensa Nacional bloqueó las inspecciones.

“El acceso ha sido bloqueado a la inspección judicial de los archivos militares. Esto solo es posible por órdenes del alto mando, aquí hay una responsabilidad del presidente de la República, Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y su alto mando. Es una posición de protección a criminales de guerra que perpetraron la masacre de El Mozote, una violación a los derechos humanos y un desprecio por las víctimas”, dijo David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal y uno de los querellantes en el caso. También advirtió que este desacato puede derivar en delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial. 

Víctimas de El Mozote: nos sentimos indignados

Bukele prometió el 1 de noviembre de 2019 abrir los archivos militares. «Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z», dijo en una conferencia de prensa.  Pero hoy, al igual que los Gobiernos anteriores, se negó a abrir los archivos militares. “El mensaje es claro: obstaculización de la justicia, saber la verdad. Veníamos a observar que se hiciera un debido proceso y vemos que la obstaculización continúa por parte del ministro de Defensa (René Merino Monroy)”, dijo la procuradora de Derechos Civiles, Silvia Hidalgo, quien acompañó la diligencia.

Óscar Tobar, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), dijo sentirse indignado por el contraste entre lo prometido en la reunión con Bukele en Casa Presidencial, el 18 de junio del año pasado, y lo que sucedió en el Estado Mayor. “Visitamos la Casa Presidencial y nos ofrecieron mil cosas, mas ahora, cuando estamos aquí en este escenario, vemos que las cosas son diferentes y totalmente en contra de lo que se había dicho. Nosotros como asociación estamos muy indignados y queremos decirle al presidente (Nayib Bukele) que busque una forma de hacer esto y que se puedan aperturar los archivos de una forma general”, dijo Tobar en un video colgado por la cuenta de Twitter de la APDHEM. 

En un comunicado de prensa, la APDHEM pidió a la Fiscalía investigar de oficio el incumplimiento a la orden del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera y determinar el cometimiento de posibles delitos. También expresaron su solidaridad con los abogados que representan a las víctimas en el proceso penal, luego de haber sido insultados y empujados por un presunto grupo de veteranos de guerra que llegaron hasta el Estado Mayor.

Desde la Asamblea Legislativa, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, exigió respeto para las víctimas. “Los archivos militares deben abrirse, se debe conocer sobre los diferentes hechos ocurridos en el conflicto armado que generaron una grave afectación a los derechos humanos”, dijo.

Las inspecciones tienen como objetivo determinar la cadena de mando que se siguió para ejecutar la masacre en la que, según datos oficiales, fueron asesinadas cerca de 1,000 personas, más de la mitad menores de edad. El juez Guzmán juramentó peritos propuestos por la querella y la defensa para revisar expedientes en unidades militares como el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Tercera Brigada de Infantería, Destacamento Militar Número 4, la Fuerza Aérea salvadoreña, la Brigada de Artillería y el Ministerio de la Defensa Nacional, así como en el Archivo General de la Nación.

Teleprensa intentó obtener la versión oficial del Ministerio de Defensa Nacional sobre su negativa a permitir la diligencia judicial, pero hasta el cierre de esta nota no había obtenido una respuesta.

Con reportes de Nora Moreno y Víctor Hernández*

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