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Beneficiarios del TPS buscan alternativas tras fallo en EUA que avala deportarlos

Con reportes de Jaime Quintanilla

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California le dio el poder al presidente estadounidense Donald Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a 300,000 migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Unos 200,000 afectados son salvadoreños, quienes están bajo el amparo del TPS desde 2001 y recibieron una última extensión que termina en septiembre de 2021. Para el resto de los países, el TPS termina en marzo del año próximo. Sin este programa, los migrantes quedan sin un amparo legal que les permita continuar residiendo y trabajando en Estados Unidos. El fallo, además, afectaría a miles de hijos de migrantes nacidos en ese país.

En enero de 2018, el Gobierno estadounidense anunció la cancelación del TPS, pero a raíz de una demanda interpuesta por inmigrantes, en octubre de ese mismo año un juez federal de California frenó esos planes y emitió una medida cautelar para mantener la protección legal para los beneficiarios del programa. La administración Trump apeló la decisión y el 14 de septiembre de 2020 un panel de la Corte de Apelaciones le dio la razón al Gobierno federal.

Dos de los tres jueces del panel desestimaron los dos argumentos de los demandantes, quienes acusaron a Trump de violar las leyes administrativas que debe seguir antes de tomar una decisión de naturaleza migratoria y también denunciaron que la cancelación del TPS es un acto de discriminación racial, que atenta contra el ejercicio de la igualdad de derechos en Estados Unidos.

El tribunal concluyó que el juez federal se extralimitó con la medida cautelar. “El panel considera que la corte distrital abusó de su facultad de emitir la orden preliminar cuando los demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, dice el fallo. También desestimó el argumento que detrás de la decisión sobre el TPS existiera discriminación racial. “El panel concluye que los demandantes fallaron en presentar siquiera serias preguntas en los reclamos (de racismo)”, reza el documento.

Las alternativas de los tepesianos

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que aglutina a organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, considera que los tepesianos aún tienen dos caminos para no perder su protección legal en Estados Unidos. 

En Maryland y Massachusetts se ventilan otras denuncias en contra de la cancelación del TPS y la de este último estado podría avanzar más rápido, según sus estimaciones. La demanda Centro Presente vs. Trump, que data de febrero de 2018, alega que la decisión de eliminar el programa viola la ley de igualdad de derechos. “Aunque parece similar al caso que acaba de ser descartado por el panel del Noveno Circuito, recorrerá su propio camino. Hay que recordar que la estructura del sistema judicial estadounidense permite en este caso que, aunque una demanda se parezca a otra, se pueda ventilar de forma autónoma en ese circuito migratorio”, explica Chacón.

Ante el precedente sentado por el Noveno Circuito, estas dos demandas podrían buscar que se emitan medidas temporales para proteger a los beneficiarios del TPS, aunque no hay certeza de cuándo puede suceder esto, advierte el vocero de Alianza Américas. Salvador Sanabria, director de la Asociación El Rescate, de Los Ángeles, California, señala que también está la opción de llevar el caso hasta la corte suprema estadounidense.

Ambos activistas ven otro camino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, programadas para el próximo 3 de noviembre. El candidato demócrata Joe Biden lidera las encuestas y si estos pronósticos se cumplen, hay una alta probabilidad de que restaure el TPS, explica Chacón. Pero también será clave para permitir que los beneficiarios continúen la lucha en la arena legislativa, porque es más probable que dé su visto bueno a una eventual solución permanente que emane del Congreso. “De resultar electo un presidente demócrata, la situación tendería a variar de manera favorable”, secunda Sanabria.

El presidente Nayib Bukele sostiene que por su buena relación con EE. UU. se logró extender el TPS para los salvadoreños, pero la organización Alianza Américas refuta al mandatario. /Tomada de la cuenta de Twitter de Nayib Bukele.

Si el republicano Trump logra reelegirse, la vía judicial sería la única alternativa, dice Chacón: “Para que una propuesta sea ley, no solo se requiere la aprobación de las dos cámaras (del congreso), también requiere que el presidente dé su beneplácito y en ese sentido es muy difícil que Donald Trump, con un agenda tan antiinmigrante como la que ha tenido, vaya a estar inclinado a darle visto bueno a una propuesta de esta naturaleza”.

Mientras tanto, organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami) instan al Gobierno salvadoreño a acercarse a su contraparte estadounidense para proteger a los beneficiarios del TPS. César Ríos, director ejecutivo del Insami, afirma que el Gobierno de Nayib Bukele tiene un año para buscar una alternativa. “Aquí es donde requerimos de una actividad importante de la política exterior de El Salvador con Estados Unidos. Nuestra canciller (Alexandra Hill) debe empezar a identificar alternativas”.

A través de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que gracias a las relaciones que él ha forjado con la administración de Donald Trump logró mantener el TPS para los salvadoreños por un tiempo más, en comparación con los otros países beneficiarios. Aseguró que este pacto se hizo previendo una resolución adversa en la Corte de Apelaciones y que ahora se abre la ventana para buscar una alternativa permanente.

“El juez falló en contra y la protección que nos queda es la que nos dio el presidente Donald Trump de un año, contado a partir de una posible resolución judicial negativa para los salvadoreños”, dijo Bukele. “Las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca y el año pasado negociamos un año extra, si venía una resolución judicial negativa”, insistió.

Pero Óscar Chacón refuta las declaraciones del mandatario. Explica que los salvadoreños son los principales beneficiarios de TPS, con casi 200,000 amparados en el programa. Esto es más del doble que los 60,000 hondureños, quienes son el segundo grupo más numeroso. Por eso, el Gobierno estadounidense consideró que era pertinente tomarse más tiempo para preparar la deportación de los salvadoreños.

“A mí no me extraña que el Gobierno salvadoreño busque atribuirse este trato lógico, porque es un trato no preferencial, es un trato lógico”, indicó Chacón. “En el Diario Oficial (de Estados Unidos) no había ninguna mención de un acuerdo diplomático, de un acuerdo preferencial para El Salvador, a razón de las buenas relaciones entre el Gobierno estadounidense y el Gobierno salvadoreño”, añadió.

*Fotografía principal cortesía de la Casa Blanca.

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