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Presidencia gastó $31,300 en contratos para comunicadores entre marzo y junio

En medio de las quejas del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios por falta de fondos para atender la pandemia de covid-19, entre el 17 de marzo y el 23 de junio de 2020, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia gastó $31,300 en contrataciones por servicios profesionales para reforzar el aparato comunicacional del Gobierno. 

Estas contrataciones se hicieron en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus. Siete de ellas, además, forman parte de la primera fase de la Unidad de Prensa Digital, una dependencia de la Presidencia, adscrita a Canal 10, que se encargará de publicitar actividades de funcionarios e instituciones públicas.

Teleprensa tuvo acceso, a través del portal de Transparencia del Gobierno, a 11 órdenes de compra que van desde los $1,800 hasta los $4,500. Estos recursos se financiaron con el Fondo de Actividades Especiales de la Secretaría de Comunicaciones. Los contratos están firmados y autorizados por la designada de la Secretaría de Comunicaciones, el director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) y el jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI).

El Fondo de Actividades Especiales del Sistema Nacional de Medio Públicos de la Secretaría de Comunicaciones establece normas y procedimientos para el control de la venta de servicios de publicidad de Radio Nacional y de Canal 10, según lo establece el instructivo de administración y ejecución publicado en 2012. Es decir que los ingresos con los que se financia este fondo provienen de la publicidad que ambos medios venden, el arrendamiento de cabinas y estudios y el uso de equipo de transmisión.

El instructivo establece que “solamente podrán comprarse bienes y servicios que sean necesarios para la actividad especial”, que en este caso es la generación de ingresos a partir de la venta de publicidad. Todos los contratos por servicios firmados entre marzo y junio dicen ser necesarios para “mejorar la cobertura y divulgación de las actividades y medidas que el Gobierno ha tomado” por la emergencia de covid-19, según lo plantea Presidencia en los documentos. 

El 14 de marzo entró en vigor el decreto legislativo 593 que declaró estado de emergencia por la pandemia de covid-19, lo que permitió al Gobierno la libertad para comprar y contratar sin pasar por los filtros de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). 

Amparándose en ese decreto, el 17 de marzo la Secretaría de Comunicaciones firmó la primera de las 11 órdenes de compra documentadas por Teleprensa. Contrató los servicios profesionales de un productor audiovisual por tres meses. El pago se pactó en tres desembolsos de $1,500, para totalizar $4,500. Este productor, según el contrato, se encargaría de crear “piezas comunicativas que den a conocer a la población las medidas tomadas por el Gobierno, así como el quehacer institucional ante la emergencia de covid-19”. Días más tarde, el presidente Nayib Bukele anunció el primer caso oficial de covid-19 en El Salvador y la solicitud de $2,000 millones de deuda para atender la emergencia sanitaria.

El 27 de marzo, también bajo la justificación de divulgar «el quehacer institucional ante la emergencia de covid-19», Comunicaciones emitió la segunda orden de compra para contratar a un editor de videos. Este acuerdo fue por dos meses, con un salario total de $2,000. Hasta el 23 de junio, estos dos primeros contratos se renovaron por el mismo periodo, con la misma finalidad y monto.

Además de los $31,300 en contratos de servicios profesionales, la Secretaría de Comunicaciones ha hecho uso del Fondo de Actividades Especiales para adquirir una membresía anual para la  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de $7,097.81, compras de artículos de ferretería por $353.23, servicios de impresión por $576.50, suministro de discos duros externos por $560 y para el mantenimiento técnico, montaje y desmontaje de receptor de enlace de señal por $440. En total, entre marzo y junio de 2020, periodo en el que se ha hecho uso de esta partida, la Secretaría de Comunicaciones gastó $40,887.64.

Teleprensa intentó consultar con la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, y con el director de Producción, Mario Piche, por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas para conocer la estrategia de comunicaciones del Gobierno y la pertinencia de estas contrataciones entre marzo y junio; pero al cierre de esta nota, luego de tres días de haber hecho la consulta, no hubo respuestas.

Presidencia impulsa su Unidad de Prensa Digital para una web de Canal 10 inexistente

A finales de abril, el Gobierno le pidió a la Asamblea que aprobara $1,000 millones de deuda, adicionales a los $2,000 millones que ya había autorizado para enfrentar la pandemia de covid-19. Este segundo crédito “incluye medidas que mitiguen el impacto económico y sus efectos directamente en el empleo de las empresas salvadoreñas”, dijo el ahora exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en la entrevista Hechos de canal 12 el 24 de abril.

El 30 de abril, mientras se discutía la aprobación de esta nueva deuda para subsanar la crisis económica, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia firmó siete de las 11 contrataciones, que sumaron $13,500, para impulsar “la primera fase de modernización y fortalecimiento de los medios nacionales, que consiste en la creación de la Unidad de Prensa de Digital, para elaborar contenido de mayor calidad, lograr más cobertura y mejorar la divulgación del mismo en el marco de la emergencia”.

Presidencia contrató los servicios profesionales de tres periodistas multimedia, un community manager, una editora audiovisual y dos camarógrafos para producir piezas y notas audiovisuales de la respuesta gubernamental a la pandemia. Según los contratos, su trabajo debía realizarse “de acuerdo a la línea editorial del Gobierno”. 

La Secretaría también reclutó a un diseñador y un presentador para Canal 10, a un costo total de $4,800. Aunque según sus contratos no se incorporaron a la Unidad de Prensa Digital, tenían la misma instrucción: seguir la “línea editorial” del Ejecutivo. Los nueve contratos tuvieron una duración de tres meses, de mayo a junio.

Según las órdenes de compra, todos estarían destacados en el área de periodismo multimedia de Canal 10, pero hasta el 14 de septiembre la página web del medio gubernamental se encuentra deshabilitada.

De igual manera, la cuenta de Twitter @Canal10Sv – la cuenta oficial del medio estatal- se encuentra parcialmente paralizada. Predominan los retuits del teleinformativo manejado por el Gobierno, Noticiero Panorama, que al igual que la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de la Presidencia replican las declaraciones de funcionarios en eventos y conferencias de prensa. Las cuentas de estas dos secretarías y del medio estatal emiten mensajes similares y muchas veces utilizan el mismo material audiovisual, que buscan resaltar la presencia de funcionarios en el terreno, plegarse a la narrativa de la Presidencia y tener presencia en las redes sociales. Otras instancias del Gobierno también han comenzado a producir sus propias notas audiovisuales y escritas de acuerdo con “la línea editorial” del Ejecutivo.

Hasta el 14 de septiembre, la página web de Canal 10 está deshabilitada, pero la Secretaría de Comunicaciones no respondió las preguntas que Teleprensa le hizo sobre este tema. / Teleprensa

Estos siete contratos para la Unidad de Prensa Digital, además, se basan en el decreto legislativo 593, que declaró estado de emergencia a nivel nacional. El artículo 12 establece que mientras la normativa estuviera vigente el Gobierno podía “contar con el personal necesario para atender las necesidades vitales del Estado y de esta forma permitir que la cadena de suministros funcione adecuadamente, para evitar el desabastecimiento en de todo tipo de bienes y servicios”. 

Amparo Marroquín, directora de la  Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA, considera que el Gobierno no hizo un uso eficiente de los recursos comunicacionales con los que contaba y, por lo tanto, seguir gastando en contrataciones para esta área no está justificado. 

Según la catedrática e investigadora, el Gobierno está replicando el modelo de centralizar las comunicaciones que aplicaron otras administraciones, como la de Mauricio Funes. “La única manera de justificar estas contrataciones es que se hicieran desde las comunidades, supervisadas por gente de los territorios para construir medios de comunicación que fueran ciudadanos y no gubernamentales”, agrega.

Omar Luna, gerente de comunicaciones del proyecto Lab-Dat, que se dedica, entre otras cosas, a analizar el comportamiento del Gobierno en Twitter, señala que con la contratación de más comunicadores para el área digital, el Ejecutivo está “robusteciendo la comunicación para poder replicar su mensaje y que todas las contrataciones funjan como una caja de resonancia digital de los mensajes del Gobierno”.

Por lo tanto, añade, carecen de sentido porque la página digital del Canal 10, que según las órdenes de compra será el medio de transmisión, está deshabilitada. “Incluso podría ser una total incoherencia la contratación de todo este equipo si no cuenta con un soporte, un mensaje y una estrategia a través de la cual diseminar el mensaje”, dijo.

Teleprensa también preguntó a Medina sobre los fondos con los que se financia la nueva Unidad de Prensa Digital y la estrategia de la modernización de medios estatales, pero tampoco hubo respuesta .

El gasto en comunicación sigue siendo prioridad, a pesar de la crisis

El Salvador se enfrenta a una de sus peores crisis financieras debido a los efectos de la covid-19. La economía carga con las repercusiones de su confinamiento y el del resto de los países con quienes hace negocios. Según estimaciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el fisco ha perdido cerca de $700 millones en ingresos y la cifra llegaría a los $1,000 millones al cierre de este año.

Los organismos internacionales no son más optimistas. El Salvador, además, es el país que más se ha endeudado durante la emergencia; por ello, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) afirmó que cerrará 2020 con una deuda cercana al 92.1 % de su Producto Interno Bruto (PIB, la producción nacional). 

Desde mayo, el presidente Nayib Bukele ha repetido en diferentes eventos que los diputados de Asamblea Legislativa no le han dado a su Gobierno “ni un centavo partido a la mitad” para atender la crisis generada por la pandemia. Debido a la supuesta falta de fondos, Bukele incluso ha amenazado con hacer uso de los salarios de los órganos Legislativo y Judicial si no le aprueban más deuda.

“En época de crisis, una de las primeras acciones que tendrían que haber hecho los Estados es eliminar los gastos innecesarios y dejar de ejecutar recursos en rubros no prioritarios”, dice a Teleprensa Ricardo Castaneda, investigador del Icefi. Uno de los gastos que considera injustificados es la propaganda gubernamental no relacionada a temas de salud y educación,  y afirma que el uso adecuado de los dineros públicos le da legitimidad a los Gobiernos. «En momentos en que miles de familias incluso no tienen qué comer, es inadmisible que se desperdicien recursos en videos propagandísticos que no solventan los problemas que tienen las personas”, concluye Castaneda.

A pesar de las reiteradas quejas por falta de fondos de Bukele y sus funcionarios, el 10 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó un tuit en el que ofrecía plazas de comunicador institucional, redactor, productor audiovisual, fotógrafo, diseñador gráfico y coordinador de redes sociales.En la publicación, no se detalló la cantidad de personas que buscan ni el salario que cada puesto tendrá.

Durante el último mes, publicaciones periodísticas han revelado que la Presidencia también está gastando decenas de miles de dólares en la adquisición de equipo de comunicaciones. El 5 de septiembre, El Diario de Hoy publicó que el Gobierno ha gestionado la compra de “cámaras fotográficas, de vídeo, micrófonos y equipo para producción de materiales audiovisuales” por $207,000. También se ha conocido que el Gobierno está contratando a más comunicadores. 

*Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa.

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