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Sala a Bukele: no podemos “devolver” atribuciones que el Ejecutivo nunca ha tenido

La Sala de lo Constitucional respondió este martes a la carta enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, en donde pide que le devuelvan facultades para contener la pandemia de COVID-19 y que, según él, le han quitado con sus resoluciones.

En su escrito difundido en la cuenta de Twitter de la Sala, los magistrados explican a Bukele que, según la Constitución, la competencia de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos no es exclusiva del Órgano Ejecutivo. Para suspender garantías o limitarlas se requiere de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa y sancionada por la Presidencia de la República. 

Afirma que esta “es una premisa básica y fundamental que no puede soslayarse”, por lo que, en consecuencia, “esta Sala no puede ‘devolver’ una atribución que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente”. En ese sentido, la Sala negó que le haya retirado a Bukele “todos los recursos legales” para controlar el avance del virus que provoca la COVID-19, como lo asegura el mandatario; ni lo ha convertido en “un administrador de hospitales y un emisor de recomendaciones a la población”.

Bukele respondió a la Sala, desde su cuenta de Twitter, asegurando que los magistrados “no entienden tres principios básicos”. Según el mandatario, “el derecho de uno termina, donde empieza el del otro (…), los derechos fundamentales y constitucionales a la salud y a la vida están muy por encima del derecho a la circulación o al libre tránsito (…), el derecho colectivo está por encima del individual”.

Sala explica su polémica resolución

En su escrito, el tribunal constitucional explicó que, con su sentencia publicada el 8 de junio pasado, ejerció “el control requerido por distintos ciudadanos al resolver sus demandas y declarar que tanto el Órgano Legislativo como el Órgano Ejecutivo (los dos, no solo este último) violaron la Constitución de la República al adoptar medidas que limitan derechos fundamentales sin que presentaran justificación suficiente”.

Ese lunes, la Sala declaró inconstitucionales dos decretos legislativos, aprobados en marzo y mayo, que contenían un régimen de excepción. Esta es una figura que contempla la Constitución para suspender derechos como la libertad de tránsito en eventos como desastres naturales, guerras, pandemias y otros.

Además, impugnó 11 decretos ejecutivos y una resolución del Ministerio de Salud porque desarrollaban lo establecido en esos dos decretos legislativos o bien reproducían sus disposiciones.

Entre los decretos ejecutivos inconstitucionales estaba el decreto ejecutivo 29, que mantenía vigente la cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio. Pero la Sala decidió dar un plazo de cuatro días hábiles – que terminaron el sábado 13 de junio – para expulsar esta normativa del ordenamiento jurídico, con el fin de que los diputados y el Gobierno acordaran una ley para atender la pandemia de coronavirus y regular la reapertura económica.

No obstante, el plazo se venció y si bien la Asamblea emitió una ley que cumplía esos objetivos, el presidente Bukele decidió vetarla por considerarla inconstitucional. Además, emitió su propio decreto ejecutivo para definir las fases del desconfinamiento.

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