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CIDH: Gobierno salvadoreño está obligado a garantizar el retorno de sus ciudadanos varados

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, afirmó este jueves que el Gobierno salvadoreño está obligado a garantizar el regreso de los ciudadanos varados en el extranjero, debido al cierre de fronteras decretado para contener la COVID-19.

Hernández participó hoy en un foro virtual organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre la situación de los salvadoreños varados en el exterior. En el “webinar” también participó Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Rights Watch, y el titular de la PDDH, Apolonio Tobar.

“Hay una obligación del Estado frente a esta población. Las políticas de atención a la pandemia deben de hacerse con un enfoque a los derechos humanos. Se debe adoptar todas las medidas para proteger el derecho a la vida. Los salvadoreños están bajo la tutela del Estado salvadoreño y frente a ellos, se debe actuar para proteger sus derechos”, dijo Hernández.

El presidente de la CIDH también señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud de estas personas durante el cumplimiento de su cuarentena controlada. Hernández mostró su preocupación por el caso de Carlos Hernández Cortez, quien falleció a finales de abril por COVID-19. La familia acusó de negligencia al Ministerio de Salud, porque además de reportar la muerte con datos equivocados, no le brindaron atención médica expedita.

“Es grave que los salvadoreños tengan temor de su Gobierno”

Julio Bendek, procurador adjunto y moderador del foro, dijo que la situación de los salvadoreños varados en el exterior es grave y preocupante. “Nos hubiera gustado tener la participación por medio de vídeo de alguna persona que se encuentre varada en el extranjero, (pero) las personas sienten temor a recibir represalias sobre exponerse en su testimonio. Esto es grave, que los salvadoreños tengan temor de su propio Gobierno”, indicó.

“Han sido un aproximado de más de 4,000 personas (que no han podido regresar al país), pero no tenemos un número exacto. Porque no tenemos información oficial de cuántas personas se encuentran varadas”, añadió Bendek.

Por su parte, el procurador Tobar señaló que los salvadoreños varados no tienen medios de subsistencia y sufren afectación psicosocial. «Como procuraduría de los derechos humanos hemos recibido denuncias de compatriotas que no pueden ingresar al país y se han quedado sin recursos económicos para solventar los gastos que ello implica”, dijo. 

Vivanco explicó que lo usual es que los gobiernos hagan todos los esfuerzos y brinden las capacidades para repatriar a sus ciudadanos. “Estamos ante un Gobierno que si no fuera por la intervención de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) y la PDDH, este tema ya estaría resuelto y se habría dispuesto negarle la posibilidad de regresar a El Salvador”, opinó.

Fotografía/Cancillería

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