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Sala suspende decreto ejecutivo que prorroga la emergencia por COVID-19

Por unanimidad, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional dejaron sin efecto el decreto ejecutivo número 18, utilizado por el Gobierno salvadoreño para prorrogar la emergencia por la COVID-19.

Dicha instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes dos demandas de inconstitucionalidad en contra de ese decreto, con el cual el Gobierno prorrogó el estado de emergencia nacional, luego de que la Asamblea Legislativa se negara, el jueves pasado, a discutir su solicitud para extender la ley de emergencia nacional, que venció ese mismo sábado.

En una de las demandas, la Sala aceptó la medida cautelar solicitada y suspendió provisionalmente la aplicación de dicho instrumento. “Mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido Decreto Ejecutivo 18”, ordenó.

El estado de emergencia nacional que el Gobierno pretendió prorrogar le permitía mayor libertad para manejar los fondos, como realizar compras públicas sin licitación; también mantenía la suspensión de clases y pagos de servicios básicos, así como la prohibición de despedir trabajadores durante la emergencia.

Una amenaza al sistema democrático

El demandante del proceso de inconstitucionalidad 63-2020 sostiene que el Gobierno de Nayib Bukele violó el ordinal quinto del artículo 131 de la Constitución de la República, porque interfirió en la competencia que le corresponde solo a la Asamblea Legislativa, que es decretar y reformar las leyes secundarias. 

“El hecho de que esta (la Asamblea) no estaba reunida para sesionar, no ponía en peligro la seguridad jurídica de la población en cuanto a los efectos de la pandemia”, afirma el demandante, sobre el argumento del Gobierno. El Ejecutivo dijo que la Ley de Protección Civil lo faculta para decretar estado de emergencia si la Asamblea no estuviere reunida. 

Mientras la Sala dirime si el Ejecutivo violó la Constitución, decidió dejar sin efecto, de forma provisional, el decreto ejecutivo 18. Argumentó que si se comprueba que el presidente Nayib Bukele ejerció funciones ejecutivas y legislativas “representaría una amenaza al propio sistema democrático garantizado mediante el principio de separación orgánica de funciones y a la prohibición de que una misma persona pueda ejercer las diferentes competencias que corresponde a otros órganos”.

Esta amenaza, continuó, “pesa más que cualquier contenido material que se haya pretendido regular (en el decreto ejecutivo 18), aunado a que la pandemia del COVID-19, a la fecha, puede ser atacada y contenida en muchos aspectos por medio de otros instrumentos legales aprobados desde su inicio”.

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