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Diputados del PCN aseguran que Ejecutivo puede suspender garantías constitucionales

Los diputados Francisco Merino y José Almendáriz, de la bancada del PCN, aseguraron este sábado que el Ejecutivo tiene facultades para suspender garantías constitucionales, si la Asamblea Legislativa mantiene “la pasividad” respecto a la prórroga de la ley de emergencia nacional por COVID-19, que vence hoy a la medianoche.

En redes sociales, Merino dijo que solicitó convocar a una sesión extraordinaria para discutir el tema, ya que en la plenaria ordinaria del jueves no se alcanzaron los votos para la solicitud del Ejecutivo ingresara a la agenda.

“Yo tengo claro que el Órgano Ejecutivo está facultado en el Artículo 29 de la Constitución para decretar la suspensión de las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de la Constitución”, afirmó Merino en su cuenta de Facebook. “Y en mi criterio personal puede hacerlo perfectamente ante la pasividad del Órgano Legislativo de reunirse hasta el lunes 18 de Mayo a las 15:00 horas sin tener aún acuerdos sobre el tema y existiendo diferentes propuestas”, añadió el diputado.

El diputado Almendáriz hizo eco de la publicación de Merino en su cuenta de Twitter y además aseguró que la fracción legislativa del PCN acompaña dicha solicitud.

¿Qué regula el artículo 29?

El artículo 29 de la Constitución regula la declaratoria del régimen de excepción, el cual se decreta en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.

Según la Constitución, un régimen de excepción permite suspender derechos como la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición a intervenir conversaciones telefónicas, también faculta a suspender la libre asociación y la libertad de expresión, la libertad de circulación dentro del territorio nacional, así como el derecho a salir e ingresar al país.

La Constitución indica que el régimen de excepción podrá imponerse a través “de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso”.  En el marco de la pandemia por COVID-19, El Salvador tuvo un régimen de excepción del 14 de marzo al 13 de abril, aprobado por los diputados, donde se suspendió la libertad de tránsito y de reunión. 

Rechazan declaraciones del PCN

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de El Salvador reaccionó a las declaraciones de los diputados pecenistas y señaló que tanto la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, como el decreto ejecutivo 24, continúan vigentes. 

Ambas herramientas legales permiten al Gobierno mantener controlada la circulación de la población. “No existe justificación alguna para que el Órgano Ejecutivo pueda tomarse las funciones que constitucionalmente le corresponden al Órgano Legislativo”, indicó el CEJ en su cuenta de Twitter.

La abogada constitucionalista Erika Saldaña también indicó que “la Asamblea Legislativa no tiene impedimento para reunirse y deliberar cualquier tema” y “no llegar a ningún acuerdo no habilita ejercicio de poderes extraordinarios”.

Consultado por el equipo de televisión de Teleprensa, el secretario jurídico Conan Castro, indicó que un régimen de excepción es distinto a lo que el Gobierno busca con la prórroga a la ley de emergencia. El funcionario indicó que el Ejecutivo busca mantener la protección de los trabajadores para evitar que sean despedidos durante la crisis sanitaria, la suspensión de clases, entre otros.

No obstante, señaló que ante la falta de una convocatoria a sesión plenaria extraordinaria, “habrá que buscar la medida necesaria para que la ley de emergencia se mantenga”, dijo Castro, sin entrar en mayores detalles.

Fotografía: Cuenta de Twitter del diputado Francisco Merino.

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