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UCA y Camarasal: falta de transparencia motivaron renuncia a comité de crisis

Por Maryelos Cea con información de Cristóbal Ayala

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) coincidieron en que la falta de transparencia fue una de las razones que motivó su salida del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, creado por la Asamblea Legislativa para fiscalizar la ejecución de $2,000 millones en deuda, aprobados en marzo para que el Gobierno enfrente la pandemia de COVID-19.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, también citó las violaciones a derechos humanos y decretos que riñen con la Constitución como otra de sus razones para abandonar este organismo. 

Además de la universidad y la Camarsal, ayer también salieron del comité las otras tres entidades de la sociedad civil que participaban en él: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano y hasta ayer miembro del comité, señaló que nunca se les presentaron los planes para ejecutar los $2,000 millones. “Nosotros hemos argumentado que para proponer estrategias debemos conocer los planes para la pandemia en el ramo económico. A esta fecha no tenemos copia de los planes”, explicó.

Durante una conferencia de prensa virtual, Federico Hernández, director ejecutivo de la Camarasal, señaló que si bien la contraparte gubernamental no mostró reticencias para presentar informes, estos eran presentaciones de PowerPoint, no los documentos con la seriedad que requiere la distribución de $2,000 millones.

Los representantes de la sociedad civil también señalaron una propuesta de reforma unilateral que presentó el Gobierno. Explicaron que acordaron con el Ejecutivo reformar el decreto legislativo 608, donde se crea el comité, porque algunas tareas designadas a la entidad ya se habían ejecutado antes de su nacimiento, como la transferencia de $300 para los hogares. 

No obstante, de manera unilateral, el Ejecutivo llevó a la Asamblea un decreto que no se discutió con la contraparte de la sociedad civil y ya tenía distribuidos cómo se gastarían los $2,000 millones. “Nos parece una falta de lealtad que el Gobierno presentara un decreto que no fue discutido en el comité», añadió Oliva. 

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pidió esta mañana a las organizaciones reconsiderar su salida del comité. “Por honradez no vamos a seguir ahí, porque se deciden cosas que deberían decidirse en el comité, pero se deciden en otras esferas y se llevan al comité sólo para aprobarlas, por eso y sobradas razones no podemos continuar”, enfatizó Oliva.

Además, ayer el Gobierno aseguró que los representantes de la sociedad civil no quisieron someterse a declaraciones patrimoniales y por eso renunciaron. Serrano dijo que estas declaraciones implica que “no se tiene argumento. Además, me imagino que los funcionarios que lo han dicho lo hacen con la solvencia moral de que ya presentaron su declaración patrimonial”

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